Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como ésta sería catastrófica.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, no se preocupó mucho por sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, delegó poderes tan amplios a Trump.
La decisión del tribunal representa un freno poco común al amplio uso que este presidente hace de la autoridad ejecutiva.
La mayoría de los jueces durante el último año han mostrado su voluntad de permitir que Trump siga adelante con su agenda, particularmente en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso mientras los desafíos legales avanzan en el sistema judicial.
Este caso, que fue tramitado rápidamente en el sistema judicial como una emergencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los esfuerzos para terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal sobre la base de supuestas irregularidades, este puede no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la mano de Trump a la hora de intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su apariencia de invencibilidad.
La debilidad genera debilidad, y los socios comerciales de Estados Unidos pueden envalentonarse para adoptar una línea más dura con ese país ahora que se han reducido los poderes arancelarios del presidente.
También abre la posibilidad de que la administración Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el año pasado.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un «desastre».