El Santuario de La Hoyada: Una deuda pendiente con el país

Actualidad 31 de enero de 2023
Durante unas recientes excavaciones en la zona colindante al Cuartel Los Cabitos, en Ayacucho, fueron hallados restos humanos que se tratarían de tres peruanos víctimas de la violencia durante la época del conflicto armado interno en el país.

Por: Vanessa Cueva  

cabitos nota

Una deuda pendiente es la que mantiene hasta el día de hoy el Estado peruano con los deudos de los centenares de víctimas mortales del Conflicto Armado Interno, los años de una guerra que tuvo lugar entre 1980 y 2000.

Precisamente, en junio del año pasado, un equipo especial liderado por el fiscal Yúber Alarcón y por el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal, reiniciaron los procesos de exhumaciones al interior del cuartel militar “Los Cabitos” en Ayacucho, recinto castrense donde eran incinerados los restos óseos de las personas asesinadas por los militares con  el fin de eliminar –de la manera más cruenta- todo indicio que pudiera incriminar y librar de responsabilidad a los miembros del Ejército peruano.

Y es así como, hace tan solo dos días, el Equipo Especial Cabitos de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, recuperó los restos humanos que pertenecerían a tres víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el lugar conocido como La Hoyada, zona colindante con el cuartel “Los Cabitos” y donde se viene implementando el proyecto “Santuario de la Memoria”, un espacio para que los deudos puedan honrar la memoria de los fallecidos.

El Equipo Especial Cabitos fue formado con el propósito de investigar –de manera exclusiva– las violaciones a los Derechos Humanos, cometidos en este lugar entre durante los mandatos presidenciales de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. Además de avanzar en el proceso de búsqueda e identificación de los restos humanos que son hallados en este sector y continuar con las investigaciones fiscales para el esclarecimiento de los hechos a fin de denunciar penalmente a los responsables.

Recordemos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe final, recomendó investigar y juzgar el secuestro y la ejecución extrajudicial de 135 personas en el cuartel “Los Cabitos”, ocurridos entre 1983 y 1985. Desde la primera exhumación –realizada en enero de 2005- se han encontrado 81 cuerpos y diversos restos humanos en una sola área del cuartel. Según responsables de la fiscalía, aún quedan pendientes por investigar otros 15 lugares en donde podrían hallarse los restos de más desaparecidos.

Sin embargo, esta cifra mínima no es nada comparable con el número real de las víctimas desaparecidas a manos de la violencia militar: 21,918 según la CVR. De esta, el Estado peruano solo ha podido responder por 2,700 desaparecidos. Entonces, ¿Cuánto le está debiendo el Estado a los familiares de los desaparecidos durante la época del conflicto armado?

La Factoría conversó con el abogado del IDL, Carlos Rivera Paz. Para el especialista, el Estado es el principal responsable de los delitos cometidos en “Los Cabitos”. “De hecho hay una responsabilidad de primer nivel, tanto a nivel político y a nivel legal, desde el Estado y, de manera especial, desde las FF.AA. principalmente (…) las desapariciones forzadas fueron, lamentablemente, una práctica en el curso del conflicto armado interno (…) Inclusive en determinados momentos pasa a constituir un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, eso es lo que se refleja en este tipo de hallazgos en el cuartel ‘Los Cabitos’ , que sin duda –en los años 80 sobre todo– terminó siendo una suerte de símbolo de esta tragedia humanitaria que significó la desaparición forzadas de personas que, el Ejército principalmente sospechaba de que pertenezcan o simpaticen a la subversión (…)”, sostuvo.   

Carlos Rivera señaló, además, que poco se ha avanzado respecto a la búsqueda de los desaparecidos. “(…) La justicia, a duras penas está cumpliendo una labor muy importante, justamente determinando esas responsabilidades penales que no fueron señaladas y establecidas en su momento y que eso se hace en un escenario político muy convulsionado, muy complicado en el que este tipo de decisiones del poder judicial corren el riesgo de ser cuestionada de una manera que va más allá de la crítica, a una resolución judicial, son tomadas como si fuesen un hecho de carácter político (…) esos son las pocas muestras de un Estado que poco a poco se ha ido olvidando el tema de sus desaparecidos (…)”, declaró para La Factoría.

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