San Marcos y UNI, dos formas de entender el conflicto

Actualidad 24 de enero de 2023
Las dos principales universidades nacionales de Lima acogieron en sus instalaciones a los cientos de personas de provincias que llegaron a la capital para la llamada “Toma de Lima” la semana pasada. Sin embargo, solo la Decana de América fue intervenida por decenas de policías y tanquetas para desalojar a los manifestantes.

Por: Vanessa Cueva  

san marcos nota

Con el pasar de los días, el calor de las protestas que exigen la salida de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se ha exacerbado esta vez en Lima, la capital de la república. Para el último jueves, se tuvo previsto el primer día de protestas de la llamada “Toma de Lima”, por lo que decenas de centenares de personas fueron llegando a la capital para sumarse a estas movilizaciones.

Muchos de ellos, al no tener refugio, fueron albergados en las dos principales universidades nacionales de Lima: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y, aunque el contexto sea el mismo, los caminos de la decisión de ambas casas de estudios fueron totalmente diferente. Veamos.

La madrugada del pasado miércoles, la Federación de Estudiantes de la UNMSM, permitió el ingreso de varios buses en el que llegaron cientos de personas desde varios puntos del centro sur del país como Cusco, Apurímac y Puno. Posteriormente, fueron llegando más unidades, así como grandes cantidades de donativos entre comida y abrigo para los manifestantes. Sin embargo, su rectora, Jeri Ramón Ruffner, afirmó que ella nunca autorizó este ingreso. “Como rectora me duelen las muertes, somos respetuosos de la vida, pero también tenemos que tener el respeto a todas las instituciones. Nadie puede usurpar un bien en el que todos los peruanos ponen un sol para que esta universidad funcione”, señaló.

Mientras que, en la UNI, el Consejo Universitario acordó -por unanimidad- acoger a los representantes estudiantiles procedentes de provincias que llegaron a Lima para participar en las protestas del jueves 19 de enero. A la cabeza, su rector, Alfonso López Chau, con un discurso totalmente contrario al de su homóloga sanmarquina, mencionó: “Los que visitan son cobijados y atendidos, eso no significa ceder instalaciones ni ceder nada, solo que se trata de una coyuntura política. Ese ese es el rol de la universidad”, explicó añadiendo que esta decisión dista de un tema político y es más un tema de atenciones entre universidades hermanas.

Ambas decisiones fueron duramente cuestionadas desde el día uno en el que se supo sobre la posibilidad de que ambos recintos universitarios podrían albergar a los centenares de manifestantes. Esto era esperable en la lógica de la polarización que vive el país. ¿Peculado culposo? ¿instigadores de algún delito? Para el abogado penalista, Mario Amoretti, el rector de la UNI habría cometido un grave error: “Como son varias personas, podría caerle hasta seis años de pena privativa de libertad. No puede ser que una autoridad como el rector de una gran universidad como la UNI diga a los manifestantes ‘quédense aquí’, eso es una colaboración a favor de los revoltosos y tendría la condición de cómplice”, indicó, mientras que el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó la intervención de la Contraloría. “Solicito su intervención urgente respecto del uso irresponsable y arbitrario que se viene dando al campus y las instalaciones de varias universidades públicas (…) utilizarlos para fines distintos a los que están destinados configura el delito de malversación de fondos”, acotó.

Lo que sucedió días posteriores, generó una serie de debates y la indignación colectiva en redes sociales. En un claro abuso de la fuerza, la Decana de América fue tomada por más de 300 efectivos policiales la mañana del sábado 21, resguardados por tanquetas de la policía que tumbaron la reja de la puerta 3, afectando  la infraestructura universitario. Fueron 193 personas, entre hombres, mujeres -una de ellas embarazada y otra, con una menor de edad en brazos- las detenidas durante el desalojo que no estuvo acompañado de un fiscal. La policía se valió de una notificación hecha por la propia rectora Jeri Ramón quien aseguró que durante la madrugada del viernes, inescrupulosos encapuchados golpearon a miembros del cuerpo de seguridad de la universidad, despojándolos de sus radios y otros equipos. Además, confirmó que, por acuerdo, los manifestantes debían abandonar el campus universitario el día jueves 19 al mediodía.

Solo unas horas más tarde, la UNI se encontraba rodeada por varias tanquetas del ejército, hecho que su rector, López Chau, calificó como un acto de provocación, por lo que se comunicó de inmediato con el viceministro del Interior. “Llamé por teléfono y mandé un WhatsApp en el que digo, palabras más, palabras menos: ‘señor viceministro, cuando se está conversando para ver la posibilidad de una mesa de diálogo o buscar fórmulas que alivien a rebajar la tensión, no es correcto que la UNI amanezca o esté rodeada por tanques”, aseguró.

Entonces, ¿Por qué una de ellas fue tomada por la fuerza y la otra no? La Factoría conversó con la politóloga Paula Távara, quien consideró que todo radica en el tratamiento que le dieron las respectivas autoridades de ambas casas de estudios desde el inicio. “Creo que está de fondo y es lo más importante la actuación de las autoridades universitarias. En el caso de San Marcos tenemos a la rectora Jeri que, en definitiva, ha mantenido una posición (…) más reaccionaria y más dura (…) ha estado más dispuesta a acercarse al discurso y a la actuación de ese tipo de violencia (…) Mientras que tenemos, en el caso de la UNI, a un rector que ha estado dispuesto a dialogar, que se ha mostrado desde el comienzo incluso cercano a los motivos de la protesta, por tanto, en su momento ha defendido el fuero y la autonomía real de la universidad y del terreno universitario (…)”, mencionó.

Cabe señalar que ésta es solo una raya más a la grave crisis política y social por la que atraviesa el Perú. Para la especialista, no hay una clara salida a la crisis en estos momentos, pero que podrían presentarse si el Gobierno demuestra atisbos de consenso, cosa que no existe hasta el momento. “(…) Lo que puede haber son mecanismos que puedan dar un aire y permitan retomar sendas para un diálogo político y creo que, en este momento, las autoridades, la presidencia y el Congreso han perdido la capacidad del diálogo (…) creo que la renuncia de la presidenta es el mecanismo más rápido para llevarlo a cabo, pero es también necesario para que se empiece a sentir que efectivamente hay un cauce en el cual se escuche y se respete a los manifestantes”, declaró para La Factoría.

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