José María de la Jara: un muerto basta para asumir responsabilidades políticas

Actualidad 12 de enero de 2023
En 1981, la muerte de un estudiante durante un enfrentamiento entre manifestantes y la PNP en Cusco, decantó la renuncia del entonces titular del Interior. Hoy tenemos 49 fallecidos, ¿Qué hace la diferencia con aquel entonces?

Por: Vanessa Cueva  

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Los conflictos sociales en el Perú han sido una constante desde hace muchos años. El hartazgo de la ciudadanía frente a la corrupción, el olvido del Estado y los abismales estratos socioeconómicos siempre son el detonante del estallido social en el País. 

En octubre del año 1981, una protesta ciudadana desatada en la región Cuzco debido al alza de los precios del transporte, dejó como saldo un estudiante universitario fallecido tras un enfrentamiento con la Policía Nacional. El titular del Interior de ese entonces, José María de la Jara, decidió renunciar de inmediato luego de asumir su responsabilidad política en el fatídico hecho.

Según las primeras informaciones de la prensa, el joven universitario, quien respondía al nombre de Marco Antonio Ayerbe, falleció cuando estaba en poder de la PNP. 

En su carta de dimisión dirigida al presidente de la República, Fernando Belaúnde, el ex ministro del Interior -abogado de formación y defensor de los derechos humanos- afirmó que no pretendía salvaguardar su responsabilidad política en la muerte del estudiante, pero que "el mandato de mis convicciones democráticas me obliga a renunciar". Además se refirió al episodio policial como algo que "repugna mi conciencia democrática. Cuando de la Jara asumió la cartera de Interior le dijo a la policía "si alguno cae, confiemos en que eso no ocurra, espero ser únicamente yo.

Ese carácter para entender que en democracia nadie sobre, y que la policía está para detener y no para asesinar, lo llenó de diatribas e insultos que llegaron desde la prensa de derechas. El diario Ojo lo llamaba "Bombón", El Tiempo y la Opinión le pedían a gritos que se fuera a su casa. La revista Oiga lo culpaba de "no hacer caso a sus exigencias represivas". Entre sus partidarios un encendido Javier Alva Orlandini le causaron severos problemas.

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En esta ocasión, la situación es más crítica. Las manifestaciones sociales se han exacerbado tras la crisis política desatada en diciembre pasado por el fallido intento golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo y la toma de mando de Dina Boluarte como la primera mandataria mujer en la historia republicana peruana.

La ciudadanía se volcó a las calles de Lima y provincias, pero la situación se tornó más grave en la zona centro sur, teniendo como puntos álgidos a las regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.

Según reportes de la Defensoría del Pueblo, en un mes de la era Boluarte, el saldo de las manifestaciones por el uso indiscriminado de armas por parte de las fuerzas policiales deja 49 fallecidos: 41 civiles en enfrentamientos con la policía, 7 civiles por hechos vinculados al bloqueo de vías y un efectivo de la PNP. Sin embargo, más allá de las disculpas y la reflexión, la respuesta del primer ministro, Alberto Otárola, ha sido brindar todo el respaldo a las fuerzas del orden; mientras que el de Boluarte ha sido el mismo, al punto de criticar las manifestaciones y afirmar que desconoce porqué el pueblo está en su contra.

Si en el caso presentado previamente en esta nota, la muerte de un joven estudiante obligó la salida del titular del Interior. Hoy, que lamentamos la muerte de 49 peruanos, ¿Qué punto hace la diferencia con aquel entonces? ¿Por qué no existe una acertada salida democrática a esta crisis? La Factoría conversó con la socióloga Lucía Alvites, quien se ha mantenido activa haciendo frente a la ola de muertes de compatriotas caídos en las protestas.

La especialista consideró que sobre el actual Gabinete Ministerial recae una tremenda responsabilidad frente a estos fatales sucesos. “Estamos ante un Gobierno violatorio de los DD.HH. que está cometiendo crímenes de lesa humanidad (…) estos crímenes no solamente son avalados por estos ministros, sino también que ellos también tienen una responsabilidad en torno a lo que se viene cometiendo y que dentro del panorama que estamos viendo, las fuerzas democráticas, las fuerzas sociales, las organizaciones, no solo debemos exigir la salida del Gobierno porque no vamos a encontrar una salida democrática por parte de la señora Dina Boluarte (…) lo que vemos estas semanas son ministros que están siendo cómplices de esta violación sistemática a los DD.HH.”, señaló.

Finalmente, la especialista manifestó que la presidenta Boluarte no quiere darle una agenda política a la ciudadanía que protesta en las calles y la salida inmediata a esta crisis debería ser la renuncia de la actual mandataria. “La salida más inmediata, la renuncia de la señora Boluarte, luego el cambio de la Mesa Directiva (…) se habla de azuzadores, se habla de que ella no entiendo el porqué de las protestas, lo que ella no quiere es darle una interlocución política (…) la única solución que encuentra es la represión, meter bala, asesinar y con lo que está haciendo en la práctica en nuestro país es un crimen y una masacre que no la vivíamos en nuestra historia más reciente”, declaró para La Factoría.

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