Víctimas de esterilizaciones forzadas se pronuncian en defensa de la vida

Derechos Humanos 27 de diciembre de 2022
El Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas expresó su rechazo ante la muerte de 27 personas durante los enfrentamientos entre civiles y miembros de la PNP y FF.AA.

Por: Vanessa Cueva  

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Mientras aún nos encontramos en medio de las celebraciones de las fiestas navideñas, hay 27 familias peruanas que lamentan la pérdida de alguno de sus seres más queridos a manos de la represión ejercida por efectivos de la Policía Nacional del Perú y las FF.AA. durante las manifestaciones desatadas las últimas semanas tras el fallido intento de golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo, siendo algunos de ellos aún menores de edad. 

Varias han sido las posturas políticas a favor y en contra, pero hay un punto en el cual muchos peruanos se muestran de acuerdo: se ha perdido la vida de decenas de jóvenes que dejan un vacío inconsolable entre familiares y amigos, como si sus vidas nunca hubieran representado algo. Ante ello, José Tello, ministro de Justicia de la gestión de la actual presidenta Dina Boluarte, ha manifestado que el Estado apoyará con una reparación a las familias de las víctimas, aunque –claramente– este reconocimiento no es suficiente para calmar tamaño dolor.

A través de un comunicado, el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) expresó su contundente rechazo ante estas lamentables muertes, así como ante la ola de violencia desatada y la represión ejercida a lo largo del territorio peruano, considerando que esto “solo generan de una parte, muerte y dolor y, de la otra, la revictimización de las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas” dado que se vulneran los derechos fundamentales de todo ciudadano. 

El colectivo recordó que las esterilizaciones forzadas ocurridas bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) constituyen un crimen de lesa humanidad, un genocidio y un crimen de Estado. Dicho programa fue implementado por el gobierno del dictador Alberto Fujimori en la década de los años noventa, donde también se vulneraron los derechos fundamentales a la vida de miles de peruanas y peruanos sobre todo indígenas, nativas, descendientes de pueblos originarios y provenientes de los sectores más discriminados, racializadas y olvidados de nuestro país.

El GREF hizo un llamado al respeto de los derechos humanos fundamentales e inalienables, en especial el derecho a la vida de las personas más vulnerables. Además, consideró que el llamado “terruqueo” –tan ligeramente escuchado en las últimas semanas– “solo es una forma de estigmatización que no debe ser utilizada de manera permanente para deslegitimar las movilizaciones sociales que son un legítimo derecho ciudadano”, de la misma forma en las que más de una vez quisieron deslegitimar las movilizaciones por esterilizaciones forzadas.

La Factoría conversó con la socióloga Flor Borja Gutiérrez. La especialista consideró que se tiene que apelar a una investigación que pueda reparar a los familiares de las víctimas de la violencia de Estado. “Las investigaciones tienen que darse y las reparaciones también. Yo creo que eso es urgente, yo también lo he planteado, tenemos un espacio que repara el tema de la violencia política en nuestro país, también deberíamos tener y pensar –para ese sentido de reconciliación nacional– en las víctimas de violencia que ejerce el Estado”, señaló. 

Asimismo, la socióloga instó a que exista una verdadera escucha del clamor de las necesidades y reclamos de los peruanos de las regiones más olvidadas, dado que el ausentismo del Estado es la razón principal de las manifestaciones. “Yo lo que pediría por el país es un proceso real de reconciliación y una escucha constante a las regiones que en sí están olvidadas (…) por todos lados donde caigas va haber algo que es innato y es la corrupción que nos afecta el día a día, que nos afecta el desarrollo y que al final termina dividiéndonos”, declaró para La Factoría

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