Fuero Militar no investigará las muertes de civiles en protestas

Política 21 de diciembre de 2022
El último domingo, la presidenta Dina Boluarte anunció que la justicia militar sería la encargada de investigar las muertes de los 27 peruanos fallecidos a causa de las revueltas al interior del país. El propio Fuero Militar le enmendó la plana a la presidenta.

Por: Vanessa Cueva  

protestas nota

Las violentas manifestaciones producidas en el país tras el fallido intento de golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo, y la toma de mando de la actual mandataria, Dina Boluarte, han puesto en vitrina los abismos sociales muy por encima de las diferencias políticas y que han puesto en jaque al Perú las últimas dos semanas.

Las crudas revueltas han dejado el saldo de 28 muertos hasta el momento, muchas de ellos producto del uso desmedido de la fuerza militar desde que el Estado declarara el estado de emergencia en el país a través de un decreto supremo el pasado 14 de diciembre.

Ante esta medida y las consecuencias, la presidenta Boluarte brindó una serie de entrevistas este último fin de semana, donde anunció que el Fuero Militar Policial (FMP) sería la instancia encargada de investigar las muertes de civiles producidas por las manifestaciones, pero ¿Es esto posible? ¿Qué implicaría ello?

Mirtha Vásquez, ex premier del gobierno de Castillo, fue una de las primeras en reaccionar al anuncio. “Esto es una burla para los familiares de las víctimas, quienes deben ser escuchados en medios de comunicación. ¡Basta de criminalizar la protesta!”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Antes del cierre de esta nota, el Fuero Militar emitió un comunicado en el que aseguró que es un órgano constitucionalmente autónomo que “investiga y sanciona delitos de función” y recordó que “no juzga delitos comunes, previstos en el Código Penal Común, tampoco a civiles y a militares y policías en situación de retiro”, contradiciendo lo dicho por Boluarte. Los propios militares no quieren cargar con esta responsabilidad.

La Factoría quiso resolver esta disyuntiva y se comunicó con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). “Desde hace mucho tiempo ese tema está zanjado en la jurisprudencia peruana y en la interamericana también. En los años 80 y 90, el Fuero Militar pretendió hacerse de los casos prácticamente para generar impunidad (…) Eso fue resuelto por la Corte Suprema –en noviembre del año 2004– afirmando que las violaciones a los derechos humanos como crímenes horrendos, bajo ninguna circunstancia podían ser materia de competencia del Fuero Militar, bajo el argumento que la competencia que habilita esta jurisdicción especial son asuntos de carácter disciplinario como los delitos de función (…) un homicidio o un asesinato es un crimen que puede ser cometido por cualquier persona, por lo tanto –por definición– no podría ser calificado como un delito de función”, afirmó.

Aclarada esta duda, el especialista explicó que la Corte Suprema de Justicia es el ente encargado de investigar este tipo de delitos. “Cuando, frente a un delito común que está siendo investigado por la Fiscalía, el Fuero Militar abre otra investigación por los mismo hechos, eso genera una contienda de competencia y es la Corte Suprema de Justica la encargada de resolver esta competencia (…) Por lo tanto, la Corte Suprema no podría apartarse (…) hacerlo, genera una responsabilidad internacional (…) Y si es que uno acude al sistema interamericano va a encontrar que –sobre todo en casos de Perú– ha precisado que la justicia militar no es competente para juzgar crímenes contra los derechos humanos (…) Por lo tanto, sería un gravísimo error de parte del Poder Ejecutivo ceder esa competencia a la justicia militar (…), declaró para La Factoría.

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