La reinserción de jóvenes egresados de los centros juveniles impactará en bajar la delincuencia

Política 01 de diciembre de 2022
¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a las infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, así como las posibilidades de resocialización? En esta nota conoce más sobre esta problemática social.  

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“Volver a empezar, Experiencias de reinserción de jóvenes egresados de Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación” es un documento que presentará los resultados de una investigación realizada por direcciones del Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) del Ministerio de Educación. Este tema pone en relieve sobre los factores de riesgo asociados a las infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, así como las posibilidades de resocialización. 

María Barletta, asociada fundadora de la ONG Cometa, explicó a La Factoría que hay cada vez más evidencia sobre la complejidad detrás de los factores de riesgos. Algunos de ellos tienen que ver con el consumo de drogas, el abandono escolar y la propia etapa adolescente.

Los factores de riesgo pueden ser tanto estáticos como dinámicos. Barletta explica que los factores estáticos están determinados por la historia personal del individuo. “El cómo sus vivencias pueden contribuir a desencadenar estas conductas”, indicó. Mientras que sobre los factores dinámicos todavía es posible incidir para producir cambios. 

“Otro factor de riesgo es pertenecer a barriadas donde la delincuencia es valorada, donde se promueve el consumo de drogas o tener pares o amigos con conductas antisociales. El adolescente es un individuo que necesita socializar y entonces si la socialización es en un espacio no adecuado en términos de atender conductas prosociales, hay un riesgo”, indicó.

Entonces, el desencadenamiento de la infracción a la ley penal se produce tras una interacción de factores tanto a nivel individual, como a nivel social, relacional y familiar, explicó la especialista.

Gestión de los centros juveniles

El primer Censo Nacional de Población en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (2016) arrojó que la población es mayoritariamente masculina (95.6% de varones y 4.4% de mujeres). El promedio de edad de las mujeres (16.8) es ligeramente menor que la de los varones (17.3).

Asimismo, el censo arrojó que a pesar de que son jóvenes, alrededor del 15% de los adolescentes internos tienen hijos y que, al salir, deben afrontar la responsabilidad económica de hacerse cargo de ellos.

El 89.4% del total de infractores internos no cuentan con educación básica completa y cerca de la quinta parte (18.2%) menciona haber culminado solo la educación primaria. 

Barletta manifestó que se necesita que el Estado invierta más recursos para la contratación de personal técnico y especializado para realizar un seguimiento al adolescente que está privado de su libertad. “No basta con solo determinar la privación de la libertad, es necesario el seguimiento. Esto es lo que hace más difícil por la escasez de un equipo especializado”, dijo. 

Según la especialista, el Estado debe responder a lo que se conoce como “necesidades criminógenas”. “Cada caso da lugar a un tratamiento, el riesgo es que cuando tenemos pocos profesionales y mucha demanda de atención, entonces no das un tratamiento diferenciado”, indicó.

Otro aspecto a considerar es el fortalecimiento a las estrategias de reinserción social. En este aspecto se debe involucrar más a las empresas para que haya oportunidades para los jóvenes. 

“Cuando a estos chicos no se les apoya a la salida, vuelven a su misma realidad. Se debe buscar que estos chicos vuelvan a ser insertados socialmente con soporte social, empresarial que favorezca que este joven abandone la trayectoria delincuencial. Todo el sistema debe apuntalar a lo que se conoce como el desistimiento o abandono de la trayectoria delincuencial”, dijo. 

Pese a que el Ministerio de Justicia tiene a su cargo la gestión de los centros juveniles y se encarga de la atención especializada a estos jóvenes infractores, su titular Félix Chero anunció hace unos meses su intención de presentar un proyecto de ley para reducir la edad de la responsabilidad penal en el país de 18 años a 16 años. 

Consultada sobre esta propuesta, Barletta la rechazó de plano, debido a que resulta contrario a lo que señala la evidencia y los derechos humanos. 

“Está altamente demostrado que cuando hablamos del adolescente es un sujeto distinto al adulto. Tratar al adolescente como si fuera adulto tiene factores criminógenos y, estas ayudando a que este individuo se vea como delincuente. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que se caracteriza por la construcción de identidad. Si tú le tratas como adulto, y le dices que ‘eres delincuente’, entonces estás ayudando a que afiance en él estos factores criminógenos”, dijo. 

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