No eran muy comunes, en 1984, las iglesias evangélicas en nuestro país. Pero ese año había una en la comunidad de Callqui. Un primero de agosto un grupo de seis de sus feligreses fue asesinado por la Marina. Esta historia terrible comienza el 21 de enero de 1983. La infantería de marina estableció su Cuartel General en el Estadio Municipal de la ciudad de Huanta en la lógica de enfrentar a las columnas de Sendero Luminoso.

A partir de allí el valle de Huanta fue objeto de un impresionante despliegue militar y la vida comenzó a valer nada. 

Esta historia, ocurrida un primero de agosto de 1984 -hace ya 38 años-, comenzó entre las seis y las ocho de la noche. Era día de culto religioso y alrededor de veintisiete personas se encontraban reunidas en el local de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de la Comunidad de Callqui, las cuales sintieron fuertes golpes en la puerta del templo. Todos vieron entrar a un grupo de uniformados violentamente. 

Los efectivos fueron reconocidos inmediatamente por la población como integrantes del destacamento de Infantería de Marina de Huanta ya que vestían ropa militar, portaban armas de largo alcance, pero sobre todo, no era la primera vez que llegaban a dicho lugar.

Entraron disparando al aire e insultando a medio mundo y apuntaron sus armas a las personas presentes: “No se muevan, concha de su madre”, dijeron. Asustados los presentes, escucharon que los marinos preguntaron por la señora Concepción Chávez, pero allí no estaba. Los marinos inspeccionaron el templo y en uno de los ambientes dieron con las pertenencias de la orquesta del colegio 38263 de Nisperosniyocc que allí se guardaban: siete trompetas, seis tambores, libros, una bandera del Perú, implementos deportivos, materiales de construcción y cinco escopetas de juguete hechas en madera.

Durante la incursión, los militares tenían un guía que fue identificado por los pobladores como Jesús Vilca. Tenía el rostro cubierto con pasamontañas y era él quien atribuía o no la calidad de presunto subversivo a los pobladores. Siguiendo sus indicaciones seleccionaron a seis personas, todos varones, adultos, y fueron conducidos a la parte exterior del centro religioso. Las demás personas fueron obligadas a continuar cantando, “¡¡¡y háganlo fuerte, carajo!!!” dijeron. 

La señora Sabina Valencia Torres fue una de las personas que ese día estaba dentro de la iglesia y que se quedó cantando tal y como lo obligaron a hacer los militares: “(…) mientras se llevaban a una serie de detenidos fuera del templo empezamos a escuchar disparos. Nosotros continuamos con nuestras alabanzas y cánticos”. También se escuchó la detonación de un artefacto explosivo que hizo retumbar las paredes del local

Cuando los militares se fueron, los pobladores que habían sido obligados a quedarse dentro del templo, salieron muy temerosos del templo. La escena no podía ser más desgarradora, en el patio -delante de la iglesia- hallaron los restos humanos de seis personas, tiradas en el suelo sobre sendos charcos de sangre. Todos los miembros estaban esparcidos a raíz de la explosión. Eran los cuerpos mutilados de Paulino Cayo Ccoriñaupa, Florencio Huamanyalli Oré, Melquiades Quispe Rojas, José Yañez Quispe, Constantino Yañez Huincho y Máximo Huamanyalli Huancas.

Operativo “CAIMAN XIII”

Los hechos se produjeron en el contexto del Plan Operativo Militar denominado “CAIMAN XIII”. La patrulla estaba compuesta por dieciocho efectivos militares. La comandaba el Teniente Segundo de la Fuerzas de Operaciones Especiales, Luis Alberto Celis Checa. La patrulla había recibido información que señalaba que en dicha comunidad se estaba llevando a cabo una “asamblea popular” de  PCP –SL. 

Los testigos de los hechos declararon que los miembros de la patrulla portaban una radio por medio de la cual informaban a sus superiores de los detalles y circunstancias de la incursión. Señalaron que en la iglesia habían encontrado a los subversivos y que pedían un vehículo para trasladarlos a la base en Huanta. Esta fue la expresión que usaron: “(…) aquí hemos encontrado reunidos a senderistas, pero no está la señora Concepción Chávez. Hay ocho hombres”. “Mátenlos”, fue la respuesta que se escuchó a través de la radio.

El 22 de agosto de 1984, los dirigentes de la Iglesia Evangélicos de Huanta Saturnino Gavilán Núñez, Víctor Contreras Mendiolaza y Vicente Saico Tinco, denunciaron el asesinato de los evangélicos cometidos por miembros de la Marina ante el presidente del Sínodo y del Concilio Evangélico del Perú.

La investigación a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial

El 16 de octubre de 1985 el Fiscal Provincial de Huamanga, emitió su dictamen señalando que los militares eran responsables del delito de homicidio calificado y que habían actuado con alevosía y ventaja ante indefensos sobre este grupo de evangelista.

El 18 de febrero de 1985 el Fiscal Ad Hoc de Huanta denunció al Capitán de Corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén y a Jesús Vilca Huincho por la comisión del delito de Homicidio Calificado en agravio de los seis pobladores de las comunidades de Callqui y Nisperosniyocc. Los evangelistas habían sido confundidos con elementos subversivos, sólo por la información que recibieron los efectivos del orden, información que no fue contrastada. 

La contienda de competencia promovida por el Fuero Militar 

El 8 de enero de 1985 el Presidente del Consejo de Guerra Permanente de Marina abrió proceso penal contra el Capitán de Corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén y Jesús Vilca Huincho, por la muerte de las seis personas de las comunidad. La presión que ejercieron las autoridades militares sobre las autoridades judiciales locales para resolver la contienda de competencia a favor del fuero militar fue incesante.

Finalmente, el 12 de septiembre de 1985, el Vicealmirante Carcelén Basurto puso en conocimiento del Juez que no pondría a disposición del juzgado al inculpado Artaza Adrianzén. El 26 de septiembre de 1985 la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dirimió la contienda de competencia a favor del Fuero Militar en una resolución breve, sin expresión de motivos.

La investigación en el Fuero Militar

Ante el Juez Militar, los procesados prestaron sus declaraciones instructivas y presentaron una copia de los informes elaborados al final del operativo. La versión oficial de los hechos era que se trató de un operativo militar en la comunidad de Callqui - Nisperosniyocc, que se realizó porque se había recibido una información confidencial según la cual en una casa de dicha comunidad se estaba efectuando una asamblea popular con presencia de delincuentes subversivos pertenecientes al PCP –SL.

El Capitán de Corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén, el Teniente 2do. Luis Alberto Celis Checa, afirmaron que las muertes de los seis pobladores se produjeron en un enfrentamiento con subversivos. Sostuvieron que al llegar, la patrulla fue recibida con disparo. Al verse cercados, los ocupantes trataron de darse a la fuga. Celis da el alto, peor fue ignorado.  

A finales de  1985 se emitió un informe, relevando de toda responsabilidad a los efectivos de la Marina, afirmando que éstos se habían limitado a repeler el ataque del que fueron objeto por parte de los subversivos. 

Sin embargo, el abogado José Regalado, de la institución Paz y Esperanza, que vio el caso en 1985, señaló que los testigos nunca fueron citados y que no les permitieron acceso al expediente. La única decisión que les notificaron fue la resolución que ordenaba el sobreseimiento del proceso. Nunca hubo justicia para los evangélicos de Callqui.