Los Comités de Autodefensa (CAD) o "rondas campesinas contrasubversivas" fueron un actor más durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre el 80 y el 2000. En el capítulo que el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación les dedica a estas organizaciones se reconoce que su actuación caminó en una línea muy delgada, entre la calificación de “héroe y villano”. 

“Su actitud durante la guerra, su subordinación a las Fuerzas Armadas (FFAA), la terquedad con la cual se niegan a entregar las armas y su innegable contribución a la derrota militar del Partido Comunista del Perú El PCP-SL Luminoso (PCP-SL) y, por lo tanto, al restablecimiento de la paz han causado opiniones contrapuestas” 

Revisión histórica 

El informe CVR hace una revisión de la organización de los comités de autodefensa en regiones como Ayacucho y Junín. A partir de 1982, los campesinos comienzan a responder con la misma violencia a la que eran sometidos  por parte del proyecto autoritario y de terror que buscaba imponer Sendero Luminoso. 

Por ejemplo, en enero de 1983, los iquichanos en Huanta mataron a siete subversivos en la comunidad de Huaychao y a cinco en Uchuraccay como reacción al asesinato de sus autoridades. Al mes siguiente de ese mismo año, en Sacsamarca se levantan en contra de los abusos de los senderistas, los emborrachan y los matan a puñaladas y pedradas. 

El Informe de la CVR también recoge que la militarización fue tolerada y hasta incitada por la Marina de Guerra, que para ese entonces, tenía bases militares en el norte de Ayacucho. Es así que los comités de autodefensa asumen una lógica militar y establecen un rígido sistema de vigilancia y llegan a restringir la movilidad de la población. 

A medida que avanza el conflicto y la militarización de los comités se extiende, también ocurren asesinatos  planificados. La CVR recogió que en diciembre de 1984 un acta de un Comité de Defensa Civil (CDC) aprobó «por unanimidad, en sentido de que, aberiguen [sic] a los que han colaborado con los terroristas; entonces, a los culpables aniquilarán las autoridades de la Central».

Si bien el decreto legislativo 740, emitido en noviembre de 1991, facultó a la entrega de armas a las rondas contrasubversivas, los altos mandos del Ejército y la Marina ya habían provisionado de armas a los campesinos desde mucho antes. Es así que, la CVR, indica que “el Estado permitió y promovió el uso de la violencia por parte de la población civil para enfrentar a los grupos subversivos”. 

En la zona del VRAE, hubo presión para que la formación de las rondas e incluso, los mismos ronderos, obligaran a otras comunidades vecinas a organizarse en Comité de Defensa Civil (CDC). “Los que se resistían fueron forzados impetuosamente; a veces, esto produjo muertos”, sindica la CVR.

Los excesos

La CVR recogió testimonios sobre ronderos en Vinchos (Ayacucho) donde se les describe con los rostros cubiertos y que ingresan a las comunidades para llevarse al ganado, y otros objetos de la población. Incluso se produjeron muertos por los maltratos.

En la zona de Junín, la CVR señala que se había cometido violaciones a los derechos humanos por parte de ronderos en la zona de ceja de selva. 

“En 1991, emprendieron un rebusque [...]  y secuestraron a siete u ocho personas que fueron desaparecidas. El 11 de septiembre 1993, un grupo de ronderos asháninkas entró al anexo Delta de Pichanaki, dio muerte a diez colonos y dejó heridos a otros dos por no querer organizarse en rondas contrasubversivas.  Muchos televidentes recordarán todavía el testimonio de Graciela Juscamaita en la Audiencia Pública de la CVR en Huancayo sobre el asesinato, cometido por los ronderos de Andamarca, de su hermana Irma y sus cinco hijos menores”

En Ayacucho, los comités de autodefensa de Quinua y de Ocros tienen series imputaciones de al menos 26 homicidios. “No solamente han desarrollado toda una estrategia agresiva para arrasar comunidades vecinas, sino que además actuaron con impunidad y bajo protección de los militares”, señala el Informe. 

Entrega de armas: medida postergada 

¿Qué debe pasar con los miles de campesinos armados en un contexto de posconflicto? La CVR apunta a que tarde o temprano, los CAD, como organizaciones deben desaparecer. Una política de desarme, señalan, debe ser acompañada por una política de seguridad.

En esa línea, causa preocupación la propuesta recientemente promulgada por el Congreso, la Ley 31494, que incluye un artículo en que se señala que los CAD pueden “adquirir por compra o donación de parte del Estado o de particulares” armas de uso civil. Además, el artículo 15 señala que pueden recibir financiamiento del sector privado.

Los comités de autodefensa están principalmente concentrados en regiones como el VRAEM, donde confluye con diversos actores como residuos de Sendero Luminoso, narcotraficantes, campesinos y cocaleros. 

Los peligros de la Ley 31494 

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz comentó que el gran riesgo de esta ley es repetir la experiencia colombiana con el paramilitarismo. 

“La mayoría de los muertos son víctimas de los paramilitares, que son civiles armados. La idea de la ley es dar armas a civiles sin previa preparación militar. ¿Qué pasó en Colombia? Un baño de sangre, enfrentamientos de guerrillas, paramilitares”, dijo a La Factoría. 

Cuestionó que las autoridades peruanas no se hayan fijado en las conclusiones del informe de la Comisión de Colombia, que mostró que empresarios y hacendados constituyeron “ejércitos privados”. 

“Se acaba de presentar el informe de verdad, la gran mayoría de las víctimas a cargo de paramilitares. ¿Todo esto cómo comenzó? Todo comenzó cuando se entregó armas a civiles ¿queremos hacer lo mismo? Salimos de la guerra interna, ¿queremos regresar a eso?”, cuestionó.

Asimismo, criticó la falta de responsabilidad de asumir las tareas de seguridad. “Estamos generando un paramilitarismo. En el fondo el problema es: ¿de quién es la obligación de dar seguridad ciudadana a la gente? Del Estado, y no cumple con eso, y espera que el particular lo haga, quien tiene plata”, refirió Ruiz. 

Para el abogado, los legisladores que aprobaron esta norma no han pensado en las consecuencias de dotar de armas a la población, especialmente en zonas donde las comunidades conviven con economías ilegales: mineros, madereros, narcotraficantes. “Tienes esos grupos enfrentados a pueblos indígenas”, dijo.