Retroceso. Voces a favor de los derechos de la mujer rechazaron la aprobación del proyecto de ley que declara de interés nacional el cambio de la denominación del actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de Ministerio de Familia y Poblaciones Vulnerables. Esta decisión se adoptó por parte de la Comisión de Descentralización y podría llegar al Pleno. 

A través de un video, la ministra Diana Miloslavich Túpac, sostuvo que con esta propuesta se invisibiliza la pandemia de la violencia de género en el país.

"El día de ayer se ha presentado en el Congreso una iniciativa que pretende eliminar nominalmente el nombre de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, rechazo enérgicamente esta iniciativa de cambiar el nombre de nuestro ministerio (...)". 

Dijo que su juramentación al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es un compromiso “con la defensa de una institucionalidad que tiene 26 años en nuestro país".

Reacciones 

Para las especialistas consultadas por La Factoría, si bien un proyecto declarativo de interés no tiene consecuencias concretas, lo cierto es que se rechaza esta propuesta por ir en contra de los compromisos asumidos por el Estado peruano con la igualdad de género y derechos de la mujer. 

Para la adjunta de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Carolina Garcés, este proyecto de llegarse a aprobar en el Pleno constituiría un retroceso. “No puede ser posible que se cambie el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de la Familia. El problema de discriminación que, a pesar de los avances persiste en los hechos contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres en relación a las relaciones de poder que por muchísimo tiempo atrás se han dado, tiene que cambiar”, expresó. 

La abogada explicó que la creación del entonces Ministerio de la Promoción de la Mujer tuvo como fin visibilizar al más del 50% de la población y que requería un ente rector en el Ejecutivo para el cumplimiento de las políticas públicas vinculadas a la protección y promoción de los derechos fundamentales de las mujeres.

“Eso responde no solo a una obligación constitucional, sino a estándares internacionales de tratados de derechos humanos que son ratificados por nuestro país, y por tanto son de cumplimiento obligatorio”, dijo Garcés.

La adjunta de la Mujer incidió en que no es un tema político, sino es un tema de derechos humanos. “Por ser un tema de derechos humanos, el Estado tiene que respetar y cumplir”, sentenció.

Por su parte, la subdirectora de la organización Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, expresó que el Estado peruano tiene a su cargo las competencias de garantizar que los sectores incorporen políticas públicas, normas, leyes, programas y servicios con enfoque de género.

"(...) pensar en un Ministerio de la Familia es desconocer, una cantidad de acuerdos, compromisos y pactos firmados por el Estado para avanzar hacia la igualdad de género”, dijo.

 Asimismo, consideró que la aprobación de este tipo de iniciativas legislativas refleja “un desconocimiento total de lo que hacia dónde debe avanzar la sociedad peruana y el Estado”. Adicionalmente, Gutiérrez expresó que refleja “una postura ultraconservadora y un retroceso en relación a los derechos humanos e igualdad de género”.

A su turno, la presidenta de la organización "Proyecta Igualdad", la abogada Brenda Álvarez, consideró que no hay que minimizar esta intención de estos grupos conservadores. “Este proyecto de ley se enmarca en una serie de propuestas legislativas que están encaminadas específicamente a limitar y recortar los derechos de las mujeres. (...)”, sostuvo.

Álvarez calificó como “una afrenta” este proyecto de ley, debido a que desconoce la problemática de la violencia que viven las mujeres. 

“Las intenciones tiene que ver con retroceder en el reconocimiento de los derechos de mujeres. Son posiciones machistas que buscan, en vez de asegurar una vida libre de violencia, retroceder y quitarnos esas pocas instituciones que pueden implementar acciones para la erradicación de la discriminación y violencia”, dijo Álvarez.