El drama de Colombia en 896 páginas

Derechos Humanos 30 de junio de 2022
Luego de una guerra interna muchos países buscan explicar su tragedia usando mecanismos que la justicia transicional ofrece. Una de esas herramientas son las Comisiones de la Verdad. Argentina, Chile, Perú, y ahora Colombia, las han tenido en América Latina.

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Luego de una ardua investigación de tres años y medio, se presentó el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Un documento de 896 páginas, resultado "del diálogo social y la investigación" sobre su prolongado conflicto armado. La Comisión de la Verdad de es país dio cuenta de una “Colombia herida” por más de medio siglo de conflicto armado y sus recomendaciones intentan guiar las reparaciones pensando, principalmente, en las víctimas.

La Comisión de la Verdad de Colombia fue creada por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, con la entonces guerrilla de las FARC. 

“Esos acuerdos de paz componían una diversidad de mecanismos, de reparación y justicia. Tener una Comisión de la Verdad era un elemento integrante de esos mecanismos de los acuerdos de paz. Se trataba de -no solo- dar vuelta a la página y olvidarse de lo ocurrido, sino que era importante tener una comisión que estableciera de forma pública las grandes verdades sobre el conflicto. Eso quiere decir que estableciera los procesos de violencia, cómo habían sido las conductas de los actores armados, ya sea del Estado o de las organizaciones contra estatales, como las FARC, pero sobre todo, y esto es lo que hay que recalcar, es saber qué había pasado con las víctimas, quiénes eran las víctimas, qué necesidades sufren. Por eso es que era importante el trabajo de esa comisión”, dijo Félix Reátegui, investigador especialista en memoria del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El también responsable del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de nuestro país indicó que es importante que en una sociedad que sale de un proceso de violencia armada donde también se  produjeron numerosas violaciones de derechos humanos se investigue la verdad para tener conocimiento de los crímenes que se han cometido y que el Estado asuma su responsabilidad con los derechos de las víctimas.

“También es importante que esa verdad no solo sea investigada, sino que sea conocida públicamente, que sea expuesta públicamente para que la sociedad entera, y no solo el Estado, reconozcan -en primer lugar- la violencia por la que se ha pasado, sus causas, sus responsables y sus víctimas. Para que también la sociedad entera y también el Estado adopten medidas para la remediación de daños cometidos y, de ser posible, la transformación de sus instituciones para prevenir que se repita la violencia armada y violaciones de derechos humanos”, indicó. 

Exhaustivo trabajo 

"Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota", aseguró el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, durante el acto de presentación del informe en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, lleno de víctimas de toda índole y con la presencia del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

El Informe de la Comisión de Verdad de Colombia es el resultado del trabajo de diez comisionados y su presidente,  el sacerdote Francisco de Roux, sus equipos hablaron con cerca de 30,000 personas desde el 29 de noviembre de 2018, y que cuenta con diez capítulos. De momento, la Comisión ha publicado dos: el de hallazgos y recomendaciones, y el volumen testimonial. El informe se publicará por capítulos durante los próximos dos meses, momento en que la Comisión dejará de existir. 

Las cifras de la violencia en Perú y Colombia. Datos comparados

Para tener en cuenta la dimensión del profundo daño y las enormes secuelas que dejaron estos conflictos en nuestra región, debido a horrorosas dictaduras o a los desafíos que algunos Estados tuvieron que enfrentar ante el intento de grupos alzados en armas de llegar al poder, se pueden hacer estudios comparados. Así se puede poner en discusión una serie de indicadores que permiten mirar -en conjunto- la dimensión terrible que puede alcanzar el uso de la violencia con fines políticos. 

Por ello, mirando los datos recién mostrados por Colombia respecto a su periodo de violencia, se pueden recordar las cifras del conflicto armado interno que tuvo el Perú entre 1980 y 2000. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 70,000 fueron las víctimas del cruento conflicto que enfrentó el Estado Peruano contra Sendero Luminoso y el MRTA, frente a las 450,664 personas que perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018 en Colombia. La perdida de vidas humanas en Colombia fue hasta siete veces más que en Perú teniendo en cuenta que el periodo estudiado por los colombianos comenzó en 1985. 

Para la CVR, Sendero Luminoso “fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno (...) Fue responsable del 54 % de las víctimas fatales reportadas a la CVR, mientras que el MRTA fue responsable del 1.5% de las víctimas fatales. Las Fuerzas Armadas peruanas son responsable del 28% de las muertes durante el conflicto. En ese sentido, en el caso colombiano, las responsabilidades se han distribuido de la siguiente manera: Los paramilitares fueron responsables del 45% de los asesinatos, el 27% de las víctimas (122,813) fue asesinado a manos de grupos guerrilleros, principalmente las FARC y el ELN. Los agentes estatales son responsables del 12% de las víctimas (56,094), la mitad que en el caso peruano. 

También la CVR evidenció que sectores del campesinado se levantaron contra la inagotable violencia de Sendero Luminoso, en algunos casos de modo espontáneo, en otros por iniciativa de las Fuerzas Armadas. Ellos se fueron organizando en los llamados Comités de Autodefensa (CADs) : “La CVR reconoce el derecho de los campesinos a la autodefensa en el contexto excepcional planteado por la agresión senderista. Constata, al mismo tiempo, que en un número significativo de casos la formación de comités de autodefensa se produjo por la presión y el amedrentamiento de las Fuerzas Armadas y/o de otros CADs. En ocasiones, los CADs fueron más allá de tareas de autodefensa y resultaron, de acuerdo con los hallazgos de la CVR, responsables de crímenes que deben ser sancionados”, señala la CVR. Este dato es significativo pues el informe colombiano refiere que las autodefensas fueron los mayores responsables de los asesinatos con el 45% de las víctimas (205,028 víctimas) durante el tiempo del conflicto. 

Esta es solo una pequeña aproximación a elementos que permitirán entender y comparar ambos conflictos -el peruano y el colombiano- para evaluar cómo los Estados y sus operadores, en nombre de los ciudadanos, actuaron realmente en defensa de su pueblo o por el contrario, encendiendo una espiral de violencia en su afán de enfrentar a la subversivos que los llevó a cometer crímenes execrables en contra de las poblaciones más vulnerables.

Importancia de la difusión de los informes

Para Reátegui, hay sectores de las sociedades que no reconocen la verdad expuesta en las comisiones de la verdad y que incluso pueden llegar a condenarla por el solo hecho de existir. Sin embargo, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar para dar publicidad a los Informes y conclusiones de las comisiones.

 

“Significa no solo que sean accesibles a los libros del informe, sino distintas formas por el cual el contenido de ese informe sea difundido entre la población. También lograr que distintas instancias de la sociedad discutan, conversen acerca de ese informe. No se trata de que todos estén de acuerdo con ese informe, sino que se genere en la sociedad un debate sobre contenidos de este informe sobre hechos y también sobre las implicaciones de por qué todo eso ocurrió”, explicó el investigador.

Reátegui señala que deben ser más de 40 comisiones de verdad que han habido alrededor del mundo y que una de las primeras fue la de Argentina. “Se podría decir que la de Argentina, después de la dictadura militar, fue una de las más significativas”, afirmó. 

Otras muy relevantes fueron las de Chile, tras la dictadura de Augusto Pinochet, y la de Guatemala, que expuso el conflicto armado de casi 36 años. Esta última, refirió, expuso lo que se llamó ‘verdad histórica’. “No solamente los hechos, sino también las raíces históricas, sociales, y culturales de la violencia”, dijo. En esa línea, también consideró la comisión peruana como de las “más fuertes que han existido”. 

“Me animo a decir que la Comisión de Colombia se va a convertir en un referente importante”, concluyó. 

 

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