En la localidad de Salta, al norte de Argentina, la Iglesia Católica está remecida por la denuncia que presentaron 18 carmelitas del Convento San Bernardo. El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, y otros dos religiosos fueron acusados por las carmelitas de presunta violencia física y psicológica. 

El último lunes 16, Cargnello se presentó a declarar ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de la jueza María Carolina Cáceres Moreno. Como parte del proceso, la magistrada ordenó a los denunciados "abstenerse de ejercer actos de violencia de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de las víctimas" y "las demás hermanas del monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta". Además, impuso una orden de restricción de acercamiento al convento, que es custodiado por un guardia policial.

Los otros involucrados en la denuncia son el emisario del Vaticano Martín de Elizalde y el cura Lucio Ajalla. 

El abogado del arzobispo, Eduardo Romani, negó que su defendido haya violentado a las religiosas e indicó que “estamos a la expectativa de que se investigue el verdadero trasfondo de esta historia que puede ser económico”. 

“Para la Iglesia las monjitas son motivo de orgullo, no queremos que se las utilice. No lo vemos como enfrentamiento”, dijo Romani a The Associated Press. Luego de estas declaraciones, la jueza también ordenó a los abogados de las partes a no declarar más a la prensa. 

Se conoció, además, que las religiosas habían elevado su denuncia de maltrato al Vaticano, antes de presentar su caso ante el juzgado. La Santa Sede envió al emisario Martín de Elizalde para que se hiciera cargo de la evaluación del caso, sin embargo, terminó involucrado en las acusaciones. 

La defensa de las carmelitas dijo a AP que las religiosas decidieron denunciar, debido a que ya no soportaban más el maltrato. “La clausura no las aparta del conocimiento del dolor... Desde su condición de mujeres se sienten violentadas, ejercen un derecho y hacen un pedido de auxilio desesperado”, afirmó la abogada Claudia Zerda Lamas.

El caso 

El episodio que empujó a la formalización de la denuncia ocurrió en el convento en octubre de 2020, durante el velatorio de una monja. Cargnello dio una liturgia ante el féretro de “muy mal talante”, debido a que estaba ubicada ante una imagen de la llamada Virgen del Cerro. Esta imagen es muy popular en la provincia de Salta, luego de que una mujer afirmó que se le apareció y le pidiera que las Carmelitas sean difusoras de su mensaje. Desde entonces, las monjas se volvieron sus devotas, a pesar de que la Iglesia se resiste a reconocerla.

Medios locales reportaron que con la llegada de Cargnello al arzobispado, en 1999, se intensificaron los conflictos, especialmente tras la construcción de la ermita de la Virgen del Cerro en el año 2001.

Los abogados de las víctimas Claudia Zerda y José Viola indicaron que Cargnello habría dado un agresivo discurso a las monjas “con distintos tipos de amedrentamientos”.

La priora María Fátima del Espíritu Santo, máxima autoridad del convento, pidió a una de las monjas que grabara el velatorio, lo que fue notado por el cura Ajalla, quien “se abalanzó sobre la monja para quitarle la filmadora”. La priora logró recuperar la filmadora de Ajalla. Sin embargo, éste luego golpeó su brazo y el arzobispo Cargnello golpeó su otro brazo para que ella soltara la cámara. La denuncia está acompañada de este material visual y audios que probarían las supuestas agresiones.

Conocido el caso, grupos feministas salieron a respaldar a las religiosas y organizaron manifestaciones en las puertas del convento con cárteles que rezaban “Hermana Sí Te Creo” y “Basta de curas violentos”. 

Tolerancia cero

Melissa Sánchez, vocera del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, dijo a La Factoría que este caso muestra cómo el tema de la violencia es cada vez menos tolerado en la sociedad, incluido en espacios mucho más estrictos, cerrados y jerárquicos, como la Iglesia. 

“El discurso de tolerancia cero a la violencia empieza a ingresar a estos espacios más cerrados. Me parece que, por lo menos en la región, es el primer caso de denuncia por parte de monjas hacia una persona como es el obispo que tiene un cargo importante”, refirió Sánchez.

Asimismo, consideró que son en los fueros no eclesiásticos, donde las víctimas terminan reportando sus denuncias de violencia. “Al darse cuenta de que los mecanismos internos que tienen las iglesias en general no solo son insuficientes, sino que hay un canal de impunidad para quienes agreden”, consideró Sánchez.

Sánchez refirió que ha sido importante que las carmelitas, al no encontrar justicia en los fueros eclesiásticos, acudieran a fueros externos. “Muchas veces hay impunidad dentro de las iglesias, porque no se permite que el caso salga del fuero eclesial. Eso es una vulneración al Estado laico. Un Estado, que garantiza la autonomía de lo político frente a lo religioso, tiene que dar atención al lado denunciante, reparación y justicia”, dijo.

Por su parte, la subdirectora del movimiento Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, comentó sobre la participación de las feministas, acompañando a las carmelitas denunciantes y recordó que las iglesias no son ámbitos extraestatales. 

“Las feministas lo que hacemos es demandar al Estado e instituciones, Ministerio Público o Poder Judicial, que se denuncie y sancione como corresponde. Por ejemplo, casos de pedofilia. La violencia contras las mujeres sea el ámbito donde se produzca, iglesia, hospital, la casa, barrios, calles, son formas de violencia que desde el feminismo demandamos que sean visibilizadas, atendidas, y sancionadas desde el Estado. Si se trata de acciones de violencia, esos son actos públicos y son censurables, sancionados con las leyes estatales”, manifestó Gutiérrez.