El Salvador enfrenta a las maras. Sus métodos desatan la polémica.

Derechos Humanos 05 de abril de 2022
87 personas fueron asesinadas en solo tres días en El Salvador. El presidente Nayib Bukele recrudeció su respuesta contra las pandillas en las cárceles y recibe acusaciones de violar los derechos humanos. 

Por: Sheila Inga  

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"En la celda número 7 tenemos a un hermano que es diabético. A él se le sube o baja el azúcar si no tiene alimento. Están atentando en contra de la vida de él", dice un hombre semidesnudo tras los barrotes de una cárcel en El Salvador. Se trata de uno de los 16,000 pandilleros presos en el país centroamericano que protesta por el racionamiento de comida, una de las medidas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele ante el repunte de homicidios, que llegó a su máxima escalada en marzo. 

Un sábado sangriento

El 26 de marzo se registraron 62 asesinatos en El Salvador, la cifra más alta de los últimos veinte años en la historia de ese país. Una cifra monstruosa. Según datos del Centro de Información y Control Operativo Policial (COP), los crímenes se perpetraron en 12 de los 14 departamentos que constituyen la estructura geográfica y política del país centroamericano. Solo entre las ocho y las diez de la mañana, veinte personas fueron asesinadas. En total, ese fin de semana, se hallaron 87 cuerpos atacados con arma blanca y/o armas de fuego.

El gobierno atribuyó los homicidios a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha, y respondió con medidas drásticas contra sus integrantes encarcelados. "Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir. Les racionamos la comida y ahora no verán el sol. Paren de matar ya o ellos van a pagar también", escribió Bukele el 28 de marzo. 

portada maras

Ante el pedido del gobierno, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró el estado de excepción en el país y aprobó una reforma del código penal con la que se quintuplicó las penas de cárcel, de 9 a 45 años, para los cabecillas de estos grupos criminales. La normativa también dispone juzgar como adultos a los pandilleros mayores de 12 años. Hasta la fecha, se han capturado a más de 4,000 sospechosos en el marco de la arremetida gubernamental contra los mareros. 

"El dictador más cool del mundo" 

Nayib Bukele llegó al poder en 2019 y a sus 38 años se convirtió en el presidente más joven de América. Sus drástica postura contra la criminalidad le ha valido índices de popularidad superiores al 71 %. En febrero de 2020, irrumpió en la sede del Congreso, escoltado por militares con rifles de asalto, para exigir la aprobación de un préstamo que financie un plan de seguridad contra las pandillas. En marzo de 2021, aumentó su poder al obtener la mayoría parlamentaria.

Ante las críticas, se autodenominó “El dictador más cool del mundo mundial” en su descripción en su cuenta oficial de Twitter. Pese a todo, incluso sus adversarios le han reconocido el logro de reducir la violencia en su país a niveles históricos. En 2021, la cifra de asesinatos fue de 1140, la más baja desde el final de la sangrienta guerra civil (1980-1992).

bukele

En entrevista para La Factoría, el periodista salvadoreño, Nelson Rauda, sostuvo que esta reducción fue parte de una tregua entre el gobierno y las pandillas, tal como señalan investigaciones de la fiscalía de su país y de Estados Unidos, que en diciembre último sancionó a Osiris Luna, jefe del Sistema Penal y viceministro de Justicia, por encabezar negociaciones secretas con los criminales.

"Esta estrategia está documentada con propios documentos del gobierno, informes de ingresos a centros penales, con fotografías. Antes de que Bukele destituya al fiscal general en mayo de 2021, la fiscalía tenía una investigación sobre estas negociaciones. Estados Unidos tienen sus investigaciones propias. No es una hipótesis periodística".


La mirada internacional  

El Salvador ya cumplió una semana en régimen de excepción, en el que se ha  suspendido, hasta el 27 de abril, los derechos de reunión, asociación y defensa en un proceso penal. En detalle, el plazo de detención administrativa se amplió de 72 horas a 15 días y no se podrá informar las razones del arresto. Además, las autoridades podrán intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.

La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunas de las voces del exterior que observan con cautela y preocupación el estado de emergencia. Para Nelson Rauda, del diario digital El Faro, estos pronunciamientos le son indiferentes a una población que ha sufrido décadas de violencia por las pandillas.  

"Esos llamados y comunicados que hacen las organizaciones internacionales hacen muy poca diferencia en El Salvador, por lo menos en el gobierno de Nayib Bukele. No es un presidente que esté particularmente preocupado por la opinión que se tenga de él en sectores que apoyan los derechos humanos"


Una postura que Bukele nunca intentó esconder y que ratificó a viva voz en su pronunciamiento de este lunes: “No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren, los entregamos todos”.

Terrorismo de Estado

Lo que ocurre en El Salvador sucedió antes en el Perú y otros países de América Latina, sostiene el abogado Germán Vargas. En entrevista para La Factoría señaló que los gobiernos que decretan el estado de excepción lo hacen con el argumento de defender la democracia: "Sin embargo, al despojar a la población de protección, allana la comisión de actos violatorios de los derechos humanos. Precisamente, son esas las circunstancias más propicias para la utilización de métodos ilegítimos y criminales por parte de un gobierno".


Vargas recordó que estas prácticas se institucionalizaron durante el conflicto armado interno (1980 -2000): durante la dictadura  de Alberto Fujimori, mediante el grupo Colina, y en el gobierno de Alan García con el Comando Rodrigo Franco y el Grupo Scorpio. Considera que el Estado debe ampliar sus esfuerzos para prevenir los crímenes, sobre todo los cometidos por agentes a su servicio. La sanción a los responsables y la reparación a las víctimas también son parte de la obligación de un país marcado por la violencia. 

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