Keiko Fujimori: “Salir de la CIDH me parece importantísimo”

Política 31 de marzo de 2022
La CIDH resolvió que el Estado se abstenga de liberar al ex presidente Alberto Fujimori. Ante esto, la lideresa de Fuerza Popular se mostró en contra. La hija del reo Fujimori, ya en el 2018, había demostrado su interés por priorizar la salida del Perú de este organismo. ¿Qué consecuencias traería esto a nuestro país?

Por: Vanessa Cueva  

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en torno a la decisión del Tribunal Constitucional que (TC) que restituye el indulto a favor del ex dictador, Alberto Fujimori. El organismo internacional requirió -de manera temporal- al Estado peruano abstenerse de ejecutar la decisión “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.

Frente a esto, las reacciones estuvieron a la orden del día. La primera en pronunciarse, fue su hija, Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular se mostró en contra de esta decisión. A través de un audio publicado en Twitter, señaló: 

“Una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”. 

Asimismo, responsabilizó al Estado peruano de un posible riesgo en la salud del ex mandatario en el caso que decida acatar lo sugerido por el organismo internacional. “De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, añadió.

En el año 2018, mediante un chat de Telegram -denominado “La Botica”-, la ex primera dama recomendó a su entonces mayoría parlamentaria enfocarse en la tarea de que el Perú abandone el organismo internacional: “Salir de la CIDH me parece importantísimo”.

Ante este supuesto, hay una pregunta que se cae de madura: ¿Qué consecuencias traería esta salida a nuestro país? Por ello, La Factoría conversó con el abogado de IDL, Carlos Rivera y el constitucionalista, Gustavo Gutiérrez Ticse. Ambos coincidieron que una hipotética salida de la CIDH traería consecuencias nefastas a nuestro país.

“Creo que las consecuencias son absolutamente negativas, sobre todo para la gente, porque (…) dejaría sin protección para miles de personas, todos aquellos que sientan que sus derechos están siendo vulnerados y que crean que no están siendo debidamente protegidos por el sistema de justicia interno”, señaló.

Rivera también añadió: “Yo creo que el valor de estas decisiones de la Corte Interamericana va -sobre todo- por el hecho de que marcan precedentes jurisprudenciales y marcan una línea de interpretación de cómo debe desarrollarse la protección de los derechos fundamentales, otorgándoles una serie de instrumentos normativos a las personas para reclamar de una manera eficaz para hacer de que lo no funciona en (…) el sistema judicial, funcione”.

Así también, Gutiérrez Ticse también calificó como “negativa” una eventual salida de nuestro país de la CIDH. Sin embargo, consideró que este organismo debería tener sumo cuidado con las funciones que viene ejerciendo.  “Yo creo que eso sería negativo porque la Corte también tutela derechos sociales (…) La Corte hoy en día (…) protege derechos individuales y también derechos de carácter social a las minorías, o sea sería contra producente el retiro. Pero creo que también tiene que modularse en su actuación porque está asumiendo funciones que extralimitan su real naturaleza”, declaró para La Factoría.

Recordemos que el fallo del TC que restituye el indulto a Alberto Fujimori no solo lo libera de la sentencia como autor mediato por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y responsable de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, sino que también lo exonera de otros procesos en curso. El ex presidente tiene un juicio pendiente por las esterilizaciones forzadas que ocurrieron en la década de los 90, el caso Chavimochic por un presunto desvío de US$800 mil de los fondos públicos y el asesinato de seis comuneros en la localidad de Pativilca, proceso por el que tiene impedimento de salida del país por 18 meses. 

Posiciones encontradas debaten decisión de la CIDH

Y como era de esperarse, su bancada también demostró su disconformidad. Hernando Guerra, vocero de la bancada, manifestó de manera desafiante: “No admitiremos ninguna intromisión en las decisiones de los tribunales de nuestro país”. Para César Nakazaki, abogado del ex dictador, la medida “Es una señal de un sesgo ideológico, salvo que no tengan la información completa. No veo una forma jurídica que Alberto Fujimori, en las actuales condiciones, genera un gran peligro de irse del país”.

Por su parte, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, consideró que el tema “independientemente de la persona, está dirigido por obvios sesgos ideológicos y va contra la soberanía de nuestro TC”. Mientras que el constitucionalista Víctor García Toma, comentó indignado: “La Corte-IDH no debería anular el indulto, pero puede hacerlo porque tiene facultades para ello (…) El indulto no contradice precedente alguno de la CIDH, porque estamos hablando de una persona que tiene una precaria salud, de avanzada edad, de una enfermedad irreversible”.

Pero también hubo posturas a favor de esta decisión. Así, la exministra de Cultura del actual Gobierno, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes secuestrado y asesinado en el llamado caso La Cantuta, una de las varias acciones violatorias de DDHH cometidas por militares en actividad bajo el mando de Vladimiro Montesinos y Fujimori, por las que el exlíder de Cambio 90 cumple condena, aclaró que los familiares de las víctimas no se oponen a la posibilidad de un arresto domiciliario, pero exigen que sea conforme a la legalidad y que para ello “Fujimori reconozca sus crímenes, exprese su arrepentimiento y pague las reparaciones fijadas en la sentencia”.

A su vez, el juez del TC Eloy Espinoza, uno de los magistrados que votó contra el anulado indulto, declaró: “La CIDH puede dejarlo definitivamente sin efecto. Puede diferenciar -mediante un peritaje- entre un desgaste de la salud de Fujimori por su edad (83) y un enfermo terminal, caso en el que debería ser excarcelado o ingresado en un hospital”.

Lo cierto es que Estado, que se dice de Derecho, no desafía las sentencias de las cortes internacionales a las que acude en libertad y luego de suscribir un acuerdo con el resto de los países del continente.

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