El caso Pativilca, una raya más al tigre

Memoria 18 de marzo de 2022
Con el reciente falló a favor de restituir el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, ¿qué sucederá con el caso de la matanza Pativilca?

Por: Vanessa Cueva  

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Era de madrugada el 29 de enero de 1992, en el distrito de Pativilca, en la provincia de Barranca. El amanecer se vistió de luto. Aún no se habían asomado los primeros rayos de sol y ya se había perpetrado uno de los más atroces crímenes por el que hoy aún se mantiene un juicio en contra del ex presidente Alberto Fujimori

Tal como consta en el expediente judicial, un empresario chino -que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José- acusó falsamente a seis personas. Señaló al grupo que ocupaba que ocupaba las tierras de pertenecer a las filas de Sendero Luminoso. En su afán de adueñarse de la tierra  recurrió a un familiar cercano al general EP Nicolás Hermoza Ríos -otrora hombre fuerte del gobierno de Fujimori- para que ‘le diera una mano’.

Es así como efectivos del Grupo Colina -el destacamento de militares en actividad encargados de activar la guerra sucia que el fujimorato instaló para enfrentar al terrorismo-, y que estaban bajo el mando del mayor (r) EP, Santiago Martin Rivas, acudieron a la localidad de Pativilca para cumplir con el "encargo". Al promediar las dos de la mañana, dichos efectivos secuestraron a los campesinos John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro Agüero Rivera y Ernesto Arias Velásquez.

Luego de ser reducidos, los seis hombres fueron torturados con quemaduras de soplete en toda la piel y, además, les propinaron patadas en diversas partes de sus cuerpos. Después de esto, los mataron con disparos de bala en la cabeza, para posteriormente arrojar sus cuerpos en un cañaveral.

Tamaño ensañamiento tuvo el mismo modus operandi del crimen ocurrido en la provincia de El Santa, en la región Ancash, el 2 de mayo de 1992, dos meses antes de la masacre de La Cantuta. 

Años después, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, durante una de las audiencias del juicio, el extécnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, exintegrante de Colina, confesó que este grupo fue el autor de la mascare. Su testimonio fue clave para dar con la responsabilidad del ex presidente en este crimen. 

Ortiz Mantas es uno de los pocos exagentes que ha señalado que el Grupo Colina dependía, además del general Nicolás Hermoza Ríos, de Fujimori y de su exasesor presidencial y jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres.. 

El 8 de febrero del 2008, en una sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos. Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando del Grupo Colina, el exagente respondió: "(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, el general Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte, el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que demuestra que el general Hermoza Ríos sabía (...) En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior".

Actualmente, el caso de la matanza de Pativilca aún continúa en juicio pese al tiempo transcurrido. Razón por la que Fujimori continuará en calidad de acusado. La acusación también se extiende a su ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos; el jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe; al general Nicolás Hermoza Ríos, entre otros. Para todos ellos la Fiscalía  pide 25 años de cárcel.

Cabe recordar que el 9 de febrero del 2018, el colegiado “A” de la Corte Penal Nacional declaró inaplicable el derecho de gracia y dispuso continuar el juicio por el caso Pativilca. Esta resolución judicial no fue incluida en el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori -ahora resuelto por el TC- por lo que seguiría vigente. Además, los argumentos utilizados por los jueces fueron diferentes a los de la Sala Penal Especial Suprema que anuló el indulto.

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Las reacciones de un indulto con nombre y apellido

El último jueves 17 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) decidió restituir la validez del indulto y derecho de gracia otorgado el 24 de diciembre de 2017 al ex presidente Alberto Fujimori, por su homólogo de aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski.  Con esto, se otorgó el perdón de la sanción de 25 años de prisión que, el 9 de abril del 2009, la Sala Penal Especial impuso a Fujimori como autor mediato de los delitos de homicidio calificado-asesinato, lesiones graves y secuestro agravado con trato cruel, por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Tras la decisión del TC que declaró fundado el hábeas corpus, el exdictador fujimorista podría salir del penal de Barbadillo, a partir del próximo lunes 28 de marzo. Ante esta decisión, las reacciones no se hicieron esperar, Juan Carrasco Millones, viceministro de Justicia, anunció que el Gobierno acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando sean notificados del fallo del TC que anuló la decisión judicial en contra del indulto humanitaria que recibió el expresidente en 2017.

A ser consultado, el abogado penalista, Ronald Gamarra, señaló: “El indulto no aplica a violaciones de DDHH ni a crímenes de lesa humanidad. No se combate la corrupción liberando al jefe de la organización criminal que levantó en peso los dineros del Estado”. A través de su cuenta de Twitter, la ex Jefa de Gabinete, Mirtha Vásquez, también demostró su indignación. “El TC atropella la memoria y derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los 90. El Gobierno debe acudir de inmediato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En medio de este polémico fallo, miles de familias que perdieron a sus integrantes en los asesinatos de Barrios Altos, La Cantuta y los otros casos no resueltos de violaciones a los derechos humanos, continúan buscando justicia.

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