Los "fraudistas" en la mira del Ministerio Público

Política 16 de marzo de 2022
La Fiscalía investiga a un grupo de políticos y figuras del medio, presuntamente implicados en delitos de sedición, rebelión, denuncia calumniosa y prevaricato por el papelón de lo que llamaron fraude.

Por: Vanessa Cueva  

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El Ministerio Público, a través del segundo despacho de la Sexta Sala Corporativa en lo Penal del Cercado de Lima, inició un proceso de investigación contra la excandidata presidencial del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de sedición, conspiración para la rebelión, denuncia calumniosa y prevaricato, esto tras la insistencia en sostener la teoría de un supuesto “fraude electoral” en las elecciones generales del 2021.

En la investigación de la Fiscalía también se incluye a 25 personas más, dentro de ellas: Lourdes Flores Nano, la ex personera legal del partido fujimorista Milagros Takayama, los ex parlamentarios fujimoristas Miguel Torres y Luis Galarreta, los actuales congresistas Hernando Guerra-García, Rosangella Barbarán, Jorge Montoya, Adriana Tudela y Norma Yarrow, Nidia Vilchez, Jorge del Castillo, Javier Villa Stein, Rafael López Aliaga, César Acuña, Daniel Córdova, Dionisio Romero, Francisco Baldeón, Julio Castiglioni, Alan Kessel del Río, el Estudio Muñiz y Rubio Leguía y hasta el propio Vladimiro Montesinos Torres. Además de agregarse personajes como el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa y figuras mediáticas como Mario Hart y Alejandra Baigorria.

La apertura de dicha indagación, según el Ministerio Público, está justificada en la persistencia de los imputados en desconocer los resultados electorales que daban como ganador al hoy presidente Pedro Castillo Terrones, señalando que varios miembros de mesa habían sido suplantados y que existían firmas falsas en las cédulas de votación, afirmaciones que posteriormente fueron desbaratadas por la Fiscalía a través de diversas disposiciones que determinaron que no se produjo ningún fraude electoral.

Pero, ¿es correcto abrir una investigación de este tipo? ¿califican como delitos los reclamos y denuncias hechas por esta facción dura de derecha criolla? Para el abogado constitucionalista Víctor García Toma, debería hacerse una adecuada calificación. “La Fiscalía no puede ser una mesa de partes donde cualquier denuncia sea objeto de recepción y atención. Primero se debe hacer una adecuada calificación, luego esta debe ser acorde con la realidad. Lo cierto es que en estos meses las personas que están investigadas, sean de nuestro gusto o no, no han generado actos de violencia colectiva dirigidas a deponer a la autoridad de turno y legítimamente elegidas. Hubo críticas, denuncias y reclamos por el resultado electoral, pero más allá de eso no”, señaló.

La Factoría conversó con el abogado penalista Andy Carrión y el analista político Alberto Bajak. Ambos especialistas coinciden en que el hecho no calificaría como delito de sedición ni prevaricato. Primero, para el hombre de leyes, los simpatizantes de Fuerza Popular no intentaron desconocer al actual Gobierno más allá de dudas y cuestionamientos en torno a los resultados de la elección.

“Uno de los requisitos más importantes del delito de sedición es la participación individual o conjunta de un grupo de personas que azucen o causen alarma en la población para tener preponderancia o quitar a un gobierno u otro (…) Yo creo que la percepción de que hubo o no un fraude no implica a manera de efectos de desconocer un determinado gobierno (…) no han intentado desconocer de manera determinante al Gobierno más allá de algunas denuncias propias (…)”, declaró Andy Carrión para La Factoría.

“Sedición es un delito muy grave, sobre todo porque existen conductas o despliegues conductuales al desconocimiento de una determinada autoridad y la idea es impedir que ejerza sus funciones esta autoridad (…) Yo creo que últimamente la Fiscalía no está haciendo un filtro adecuado de las denuncias que cualquier ciudadano puede presentar (…)”, acotó.

Por su parte, el analista político Alberto Bajak, consideró que la figura de prevaricato no califica en esta investigación y, a su parecer, esto tendría más un tinte político. “Desde el punto de vista procesal, la figura de prevaricato no existe porque eso es solamente dirigido al entorno judicial, que emite fallos prevaricadores. En este caso, creo firmemente que no calificaría en ese orden y segundo, los supuestos delitos calificados de sedición, de rebelión (…) me da la impresión de que es un tema más que nada político, influenciando el tema político en el Poder Judicial para poder calificar a ciertos líderes de la oposición democrática como infractores de una supuesta ley de subversión que realmente no existe (…)”, señaló.

Finalmente, destacó que todos tienen la libertad de poner en duda lo que ellos considerarían una elección “dudosa” y eso, no incurriría como alguno de los delitos antes señalados. “No necesariamente, porque yo tengo mi libertad de expresión para dudar de un proceso eleccionario (…) dudoso (…) el cual la oposición ha tenido severos cuestionamientos y dudas acerca de la legitimidad de ello, demora en los recuentos, mesas de sufragio en las cuales solamente había uno o dos miembros de mesa de los cuales había uno preferencias electorales por Perú Libre (…) Yo no veo un tinte penal, sino más bien veo un tinte político”, detalló el especialista. 

Historia de un presunto fraude: recuento de los hechos 

Recordemos que, en junio del año pasado, una semana después de haberse celebrada la segunda vuelta de las últimas elecciones generales, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó la nulidad de 802 actas de votación, que representaban aproximadamente 200,000 votos, debido a que consideraba la existencia de “indicios de fraude”, esto tras conocerse los resultados del ajustado conteo al 100 % que daba como ganador al representante del partido de izquierda Perú Libre, Pedro Castillo, con un 50.125 % de los votos, mientras que la contendora de derecha obtenía un 49.875 %.

"Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular, me refiero a la impugnación de actas, la mayoría tratando de evitar que las actas con mayor votación para Fuerza Popular no sean contabilizadas", declaró en ese momento -de altísima tensión- la candidata de Fuerza Popular.

Por su parte, el actual Jefe de Estado señaló en ese momento: "Rechazamos las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, recordándole que Perú Libre jamás recurrió al fraude electoral, por el contrario, siempre fue víctima de este, y pese a todo supimos enfrentar y vencer (…) Seré el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo".

Finalmente, la hija del hoy reo ex presidente Alberto Fujimori, reconoció los resultados de los comicios de segunda vuelta casi un mes después y a regañadientes. "Anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos y con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la Ley y la Constitución que he jurado defender", aseveró.

Si los "fraudistas" no merecen sanción judicial -porque el tipo penal no calza- cómo hace entonces una sociedad frente a sectores políticos que se dicen democráticos y lo primero que hacen, cuando se supieron perdedores, es patear el tablero del juego electoral. 

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