Trabajo obligatorio en cárceles: ¿Una propuesta viable?

Política 14 de marzo de 2022
Las cárceles productivas buscan garantizar el pago de la reparación civil y la reinserción social del interno. Pero el debate se enciende cuando se convierte en una medida obligatoria.

Por: Sheila Inga  

CARCELES 2 ELPERUANO

"Desarrollar el concepto de cárceles productivas para que los internos puedan vivir dignamente es el objetivo de mi gestión", afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso, tras su visita a centros penitenciarios del Cusco, el último 12 de marzo. Una medida que ya rige en el país desde diciembre del 2017, tras la aprobación del Decreto Legislativo N° 1343 para la Promoción e Implementación de las llamadas Cárceles Productivas.

Según el D.L., se trata de una "Política que busca regular y fortalecer el tratamiento penitenciario y post penitenciario, a través de la promoción y desarrollo de actividades productivas que permitan lograr la reinserción laboral y contribuir a la resocialización de la población penitenciaria". Su aplicación se da mediante convenios de cooperación con empresas. Desde el 2017, el INPE ha suscrito convenios con 201 empresarios de diversos rubros entre calzados, textiles, artesanía, panadería y confecciones. En la actualidad son 1683 los internos beneficiados.

El 70% del producto del trabajo del recluso, procesado o sentenciado, es destinado para sus gastos personales, obligaciones familiares y ahorro, salvo lo dispuesto por mandato judicial por pensión alimenticia. El 20% va para el pago de la reparación civil y el 10% para solventar la continuidad de las actividades productivas del INPE.

En entrevista para La Factoría, la Directora de Tratamiento Penitenciario del INPE, Sonia More Mamani, aclaró que el trabajo que realizan los reclusos es voluntario. “(…) no es obligado y eso está amparado por todas las normas internacionales. Lo más importante de esta política es que el interno con lo que percibe mantiene a su familia desde adentro hacia afuera”. 

Propuestas desde el Estado  

En enero de este año, el entonces ministro de Justicia y ahora presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que desde su sector se estaba preparando una ley para que algunos reclusos puedan trabajar fuera del penal. En febrero, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley para que el trabajo de los internos en las cárceles sea obligatorio. El objetivo, señaló, es asegurar el pago de las reparaciones civiles a los agraviados y aliviar el costo de su manutención al Estado. 

Para Sonia More, del INPE, el D. L. N° 1343 sobre las Cárceles Productivas ya cumple con estos objetivos, aunque reconoció que existen limitaciones en cuanto a infraestructura penitenciaria. "Esta política que nosotros tenemos es bien amplia, yo creo que cubre todas las expectativas que nosotros queremos como institución. Sí podríamos ampliarla cuando tengamos más espacio. Hay que tener en consideración que la infraestructura a nosotros nos limita mucho".

¿Una esclavitud moderna?

El trabajo penitenciario se desarrolla en las cárceles de casi todo el mundo. Países de la región como Colombia, México, Argentina, Chile y Uruguay han implementado políticas similares con resultados favorables. Sin embargo, la polémica se centra en el tema de la obligatoriedad.

En declaraciones a La factoría, el abogado egresado de la UNMSM y magíster en Derecho Penal, Marco León Tomasto, señala que el trabajo en penales "no puede ser obligatorio porque más bien se podría dar pie a lo que se conoce como esclavitud moderna. (…) En Estados Unidos, por ejemplo, incluso hay amonestaciones en caso el reo no quiera trabajar en la cárcel y eso parte de la obligatoriedad de la labor dentro del penal".

León considera que las personas privadas de su libertad tienen derecho a trabajar ya que su ejercicio tiene una repercusión psicológica, social y económica importante. Enfatiza que las cárceles productivas son una buena alternativa para la reinserción laboral del recluso, aunque hace hincapié en que se deben resolver dos de los principales desafíos de nuestro sistema penitenciario: el hacinamiento y las condiciones de salubridad, armas mortales que mostraron su peor rostro durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19, con la muerte de 446 internos y 46 trabajadores penitenciarios.

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