Clubes de Asia prohíben el libre acceso a las playas del balneario

Derechos Humanos 21 de febrero de 2022
Desde el pasado domingo, a través de las redes sociales, circula un video donde la ex congresista, Marisa Glave, muestra con absoluta claridad que varios clubes del balneario de Asia impiden el libre acceso de bañistas a las playas del balneario.

Por: Vanessa Cueva  

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A través de las redes sociales, desde ayer domingo, circula un video donde se aprecia a la ex congresista Marisa Glave en la playa Mar Azul, del distrito de Asia, señalando  una presunta irregularidad de parte de varios clubes de dicho balneario al no dar un acceso libre para la gente que desee acudir a la playa. Una playa que no es de su propiedad, sino que es de todos los peruanos.

“Estamos en playa Mar Azul, ustedes van a poder ver aquí en este mapa (…) según la ley, el primer acceso tendría que estar a 50 metros del borde del mar, está a 250 y finalmente se puede ingresar. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que dice la ley de playas -y es lo que vamos a fiscalizar con la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales) - cada habilitación (…) cada uno de estos debería tener en los dos lados de su propiedad, un acceso libre para que la gente puede entrar a la playa, porque la playa no es privada, la playa es pública. Y como vamos a ver ahora, en cada una de estas no hay acceso, el siguiente acceso está a 250 kilómetros, lo que es una abierta violación a la ley”, indicó.

Como señala Glave, serían varios clubes los que no estiman en sus construcciones un acceso libre para el ingreso de bañistas y visitantes, que corresponde de acuerdo a la ley Nº 26856, norma que declara que las playas del litoral son bienes de uso público.

Al respecto, La Factoría conversó con el abogado Julio Arbizu, quién confirmó estos clubes estarían infringiendo la ley del Congreso Nº 26856. “Estarían infringiendo una norma, una ley del Congreso, la Nº 26856 que dispone varias cosas, pero entre ellas que las construcciones ribereñas, es decir las que tienen acceso a las playas tienen que estar a -por lo menos- 250 metros de la orilla, en principio. Y, en segundo lugar, en estas urbanizaciones tienen que permitir -cada 1000 metros de construcción- el acceso público, porque las playas, según esa norma, son de acceso público, no existen playas privadas en el Perú”, señaló.

Además, explicó que, según la ley, toda construcción debe permitir el acceso a esta zona del litoral, cumpliendo con el derecho de ‘servidumbre de paso’, haciendo hincapié en que, parte del problema, también radica a la entrega de licencias de construcción irregulares. “Aquí hay una serie de contravenciones a la ley, pero además también, hay irregularidades de las propias municipalidades que entregan licencias de construcción de manera ilegal. Pero, en el caso que estén después de los 250 metros, tienen que permitir como una servidumbre de paso, cada 1000 metros de construcción, el ingreso a las playas de acceso público”, declaró para La Factoría.

Arbizu no solo indicó que existen varios tipos de sanciones según la naturaleza de la falta, sino que, además, todo ciudadano puede acudir ante el Poder Judicial y presentar un recurso que denuncie esta falta si ve vulnerado este derecho. “Primero, a estas personas deberían anularse la licencia de construcción, las que están en construcción no deberían seguir, las que han infringido la ley por algún tipo de permiso de la municipalidad, habría que investigar a los funcionarios que entregaron esos permisos ilegales y, obviamente, en estos casos, como parece ser mucho de los casos de las propiedades en estas playas, llegar hasta la demolición (…) Y, eventualmente, cualquier ciudadano puede acudir al Poder Judicial, en vía de amparo, porque se está vulnerando un derecho constitucional”, finalizó. 

Prohibición del ingreso a playas podría ser sancionado con dos a cinco años de cárcel

Cabe mencionar que el pasado mes de enero, el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca incluir como agravante del delito de discriminación, aquella circunstancia en donde se prohíba el ingreso, uso y disfrute de playas y otros bienes de dominio público.

Dicho PL Nº 1155/2021-PE, buscaría modificar el artículo 323 del Código Penal que señala: “Restringir el ingreso a las playas no configura delito de discriminación cuando esta se funda en razones de salud pública o seguridad nacional (...) La configuración del agravante propuesto requiere siempre la comisión de un acto de discriminación (tipo base), no basta para su configuración el solo impedimento de ingresar a las playas u otros bienes de dominio público”.

La pena privativa que propone dicho proyecto de ley sería de no menos de dos años ni mayor de cinco. 

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