Las herramientas jurídicas que jaquean a la discriminación

Cultura 17 de febrero de 2022
La Municipalidad de Lima clausuró la academia de ballet "Óscar Avilés" por discriminación a una pequeña con síndrome de Down. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede. En el 2014, la Clínica San Pablo fue denunciada por negarles el seguro de Plan Familiar Salud a una familia que tenía un hijo con trastorno del espectro autista. Ampliamos.

Por: Nicole Pinto 

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Este miércoles 16 de febrero, la Municipalidad de Lima clausuró la academia de ballet "Óscar Avilés" por discriminación a una pequeña con síndrome de Down. Su madre, Elizabeth D'Uniam, escribió en sus redes: "Hago pública esta denuncia por discriminación, como madre me siento indignada pues han vulnerado los derechos de mi hija de cuatro años con diagnóstico de Síndrome de Down, quien es una niña que ama el arte, y tenía la ilusión de aprender ballet en Avilés La Escuela ; sin embargo, después de la segunda clase me pusieron barreras para que continúe y me pidieron que haga clases individuales porque según ellos era lo mejor para mi hija".

Además, D'Uniam añadió que tras la negativa, llevó nuevamente a su hija a la escuela Óscar Avilés; sin embargo, fue retirada por no traer sus 'shadow' (indumentaria de ballet). "Como no estuve de acuerdo, me dejaron continuar, pero optaron por desinformarme sobre el inicio de clases del 8 de febrero y me solicitaron un pago adicional para darle opción a una vacante y recupere sus clases". 

"Escribí en su libro de reclamaciones mi queja, ante ello permitieron que continúe sus clases, pero continuaron los actos de discriminación pues en la clase del 8 de febrero sacaron cargada a mi hija de la clase sin avisarme, dejándola sola cerca a una escalera donde pudo haberse lastimado, con total molestia e indignación tuve que retornarla a la clase, y ante ello solicité el libro de reclamaciones pero la Directora y la recepcionista me negaron este derecho aduciendo que lo tenía su abogado. Es decir supuestamente si alguien quisiera hacer un reclamo, no tienen el libro en la institución", agregó en su comunicado.

Al respecto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz supervisó la clausura de la academia de ballet, ubicado en en la cuadra dos de la Av. Alejandro Tirado, en Santa Beatriz. Así mismo, expresó que la academia recibirá como sanción una clausura temporal por 15 días. Además, de una multa por una UIT, equivalente a S/4,600, “por negar la atención y restringir la prestación del servicio a una persona en establecimientos públicos por razones de raza, género, discapacidad, género, religión y otros”.

La abogada, Renata Bregaglio indicó a La Factoría que existe una jurisprudencia nacional respecto a discriminación por discapacidad. "El Tribunal Constitucional tiene tres casos: el primero es el de Cadillo Palomino, que plantea por primera vez que la discriminación contra las personas con discapacidad es contrario al Estado de derecho y se debe combatir. Y luego tiene otros dos casos que son el de Cósar vs Plaza Vea y el caso de Gisella Tejada contra la UPC. En el caso de Cósar contra Plaza Vea, es el caso de una persona ciega que quiere ingresar a Plaza Vea con su perro guía y Plaza Vea le restringe el ingreso. Y en el caso de Gisella, ella es una alumna que le pide a la universidad algunas adaptaciones para rendir una evaluación y la universidad también se le deniega", precisa.

"En estos dos casos el Tribunal Constitucional desarrolla los derechos de las personas con discapacidad y plantea que no es posible discriminar a las personas con discapacidad y que esta discriminación se puede darse de varias formas, como por ejemplo a través de la negativa de ajustes o adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos", cita Bregaglio. Entonces, continúa la especialista, "tenemos un marco legal muy bueno porque tenemos una ley general de la persona con discapacidad y luego tenemos jurisprudencia tanto en nivel del Tribunal Constitucional como a nivel de protección al consumidor que también establece la prohibición de cometer actos de discriminación contra personas con discapacidad", precisa.

En el 2014 sucedió un caso similar: David Castillo Hidalgo y Clara Yuliana Criollo Gálvez denunciaron a la Clínica San Pablo porque la sucursal se había negado a brindarles un seguro de Plan Familiar Salud San Pablo. Nueve días después presentaron un reclamo y fue entonces que una representante les confirmó que no podían aceptar su solicitud porque su hijo tenía autismo.

Fue esto lo que desató la denuncia de discriminación contra la clínica, cuya defensa fue que el plan familiar de salud no podía admitir a un niño con autismo ya que, según su manual de suscripción, no podían aceptar a personas que catalogaban en tres rubros: hospitalizadas o que no pueden valerse por sí solos, incapacitadas física o mentalmente o que declaren haber intentado suicidarse.

Tras un proceso que duró dos años y cuya resolución final fue confirmada a fines de setiembre del 2016, Indecopi decidió que la defensa de la clínica no procedía ya que, según la ley de protección de personas con trastorno del espectro autista (TEA) no se puede discriminar a ninguna persona con esta condición "en especial en la contratación de un seguro privado de salud". Debido a ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sancionó con el pago de una multa de 51 UIT equivalente a S/.201,450.00 a la Clínica San Pablo.

Durante la actual gestión municipal se emitió la Ordenanza N.° 2160-2019, que promueve el respeto a la igualdad, y previene, prohíbe y sanciona toda manifestación de prácticas o actos discriminatorios en Lima Metropolitana, herramienta que da la razón a los justo reclamos de Elizabeth D'Uniam.

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