Congreso dinamita la reforma universitaria emprendida en el país

Política 01 de febrero de 2022 Por Carlos Cornejo A.
Intereses mercantilistas en el Parlamento, que se han movido desde la Comisión de Educación del Congreso, acaban de darle el puntillazo de muerte a la reforma universitaria. El viejo modelo de la ANR renace del olvido. Veamos por qué.

ANR

Esta tarde, el Congreso de la República, aprobó en primera votación un proyecto de ley que daña irremediablemente la línea de flotación de la reforma universitaria emprendida con tanto esfuerzo en años recientes, al plantear el retorno al modelo de la Asociación Nacional de Rectores (ANR) ya extinto. Es la conquista final luego de los múltiples intentos de obstaculizar el desarrollo de la reforma al aprobarse -por parte de la Comisión de Educación- dos pre dictámenes que, desde su punto de partida, atentaban contra la reforma universitaria.

 El modelo de la ANR permitió la instalación de universidades negocio de muy poca calidad académica, la creación de universidades cascarón y que, finalmente, llevó la educación superior a un nivel de mediocridad en la formación de nuestros jóvenes profesionales. Revisemos qué no funcionó y a dónde se quiere volver.

Ricardo Cuenca, ex ministro de Estado en la cartera de educación expone su mirada respecto a los intereses  ocultos de la Comisión de Educación del Congreso,

 ¿Por qué el modelo ANR no funcionó?

La reforma universitaria ha buscado desde el comienzo que “los jóvenes puedan acceder a una educación universitaria de calidad, que les brinde las herramientas necesarias para alcanzar sus metas”, así lo señala la Ley Universitaria. Mediante esta norma también se instauró la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la cual funciona como un organismo técnico especializado que tiene -entre sus principales funciones-, el otorgamiento de las licencias de funcionamiento para que se pueda ofrecer servicios educativos superiores. 

El parlamento ha sido la principal instancia en plantear el retraso y la obstrucción de la propia reforma. Ha sido una piedra en el zapato en varios momentos pero, esta vez lo ha sido al aprobar -por iniciativa de Acción Popular- la extensión de los plazos para que las universidades con licencia denegada por Sunedu dispongan de más tiempo -dos años- para adecuarse a los requisitos mínimos para operar. El Congreso ha sido también un obstáculo cuando la Comisión aprobó cambiar la conformación del directorio de la Sunedu y volver al sistema anterior, el cual era manejado por la ahora renaciente, Asamblea Nacional de Rectores (ANR). 

La Comisión, respondiendo a las presiones mercantilistas de las universidades cuyo licenciamiento fue denegado quiere que se coloquen representantes designados por las universidades públicas y privadas del Perú en el directorio de la Sunedu. El objetivo es claro, controlar la Superintendencia.

Los intereses de la Comisión vulneran -con este proyecto- la Ley Universitaria. Lo grave es que esta reforma carece de sustento legal pues el querer incorporar un modelo similar al de la ANR no es posible pues su propia constitucionalidad ha sido cuestionada por parte del TC. 

Hay que recordar que antes, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), un órgano autónomo de la ANR, era quien otorgaba las licencias de funcionamiento a las universidades públicas y privadas. Su directorio estaba formado por cinco ex rectores elegidos por las propias universidades. Si la CONAFU y la ANR estaban conformadas por rectores o ex rectores de las universidades, era claro que la fiscalización tenía que ser nula en la medida que sus intereses privados influenciaban en la toma de decisiones. Por eso el TC dijo “La manera como se encuentra estructurado este sistema(…)determina la probable verificación de una tendencia a la falta de objetividad y rigurosidad en su adopción.” 

En resumen, la función que realizaban y que debía buscar,  que radicaba en que se impartiera educación de calidad, se desnaturalizaba debido a los intereses propios de los miembros de ambas instituciones.  Estaba claro que era incompatible -con nuestro ordenamiento jurídico-, que los rectores sean parte del Consejo Directivo de la Sunedu. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo.

Lo que todos sabían

El modelo anterior de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) fue un club de amigos que gestionaban la universidad y al mismo tiempo pretendían autorregularse. La fórmula no tuvo éxito. Había un claro conflicto de interés. El nuevo modelo, que hoy comenzó a morir, buscó separar lo que es la gestión de la universidad, de la supervisión de la misma. De esa manera, la Sunedu se encargaría de la supervisión para que algo funcione y la universidad, de la gestión. 

La ley Universitaria no le da a la Sunedu el poder de intervenir en la universidad. Ese poder, por ejemplo,  sí lo tenía la ANR. Esta nombraba comisiones reorganizadoras a diestra y siniestra, lo que permitía que se interviniera en la universidad quitándole al rector cualquier nivel de autoridad.

Alguien tiene que parar ya, este estropicio que deshace la reforma universitaria y permite que los barones de la educación mercantilista vuelvan a ocupar un espacio.

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