No hay un criterio jurídico para vacar a un presidente que no sabe gobernar

Política 01 de febrero de 2022
La renuncia de la Primera Ministra ha generado una nueva crisis en el Ejecutivo. Algunos indican que el Presidente debe renunciar, otros que no se debe jugar en pared con la derecha, ni fomentar el golpe. Pero, ¿cuáles son los pasos jurídicos para desprenderse de un Presidente sin golpear la institucionalidad democrática? Dos abogadas constitucionalistas lo explican.

Por: Nicole Pinto 

El lunes 31 de enero el Presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de la Primera Ministra, Mirtha Vásquez generando así una nueva crisis en el Ejecutivo a muy poco de haber iniciado su gestión. En el Perú un presidente debe gobernar cinco años, lo haga bien, regular o mal. ¿Existen salidas jurídicas para que que un gobernante sea destituido en el Perú durante su mandato, sin apelar a la inconstitucional vacancia por incapacidad moral? ¿Existen salidas sin romper el orden constitucional, o sin cambiar las reglas de juego señaladas en la Carta Magna, para que en Perú se destituya a un presidente?

Los diversos grupos políticos han expresado su punto de vista al respecto y han comenzado a moverse en el afán de forzar la destitución. Por ejemplo, el Partido Morado -a través de la congresista Susel Paredes- ha presentado un proyecto de ley a la Comisión de Constitución que busca incluir delitos de corrupción en el artículo 117 de la Carta Magna para que un presidente pueda ser destituido durante su mandato. 

Además, en el proyecto de Paredes, "La acusación procede con una votación no menor a los dos tercios del número legal de miembros de Congreso de la República, sin contar los integrantes de la Comisión Permanente".  Es decir se baja la valla para la destitución, lo que significa que el proyecto está dirigido -literalmente- contra el  actual presidente constitucionalmente elegido. Las leyes no deben tener nombre propio.

¿Esto significaría una forma de golpear nuestra precaria democracia? ¿Cuáles serían los reglamentos jurídicos para desprenderse de un Presidente que el Congreso y/o la ciudadanía no consideren capaz? 

La abogada constitucionalista, Ana Lucía Puente indica que lo primero que hay que señalar es que "de acuerdo a nuestro sistema republicano de gobierno no debería ser una regla el remover al Presidente de la República sin más, dado que son las ministras y los ministros de Estado quienes reciben la carga directa". Sin embargo, "hemos visto a lo largo de los últimos años diversos intentos de vacancia ya sea por incapacidad moral permanente o impulsado su renuncia".

Respecto a los mecanismos jurídicos que existen para remover al Presidente, Ana Lucía Puente señala que "habría que leerse el artículo 113 de la Constitución". Asimismo, precisa que "este artículo debe ser leído de manera restrictiva debido a cómo se encuentra estructurada nuestra forma de Gobierno".

Por otro lado, sobre la vacancia por la renuncia del mismo Presidente, asumiría la vicepresidenta Dina Boluarte, señala Ana Lucía Puente. "Menciono esto debido a que es un escenario que se ha dado, no solamente está contemplado en la Constitución, sino que fácticamente ha sido una vía por la cual se ha removido a un Presidente de la República". 

En la misma línea, la abogada constitucionalista, Elena Alvites señala que en la "Constitución no hay un mecanismo jurídico explícito que establezca que cuando un Presidente toma malas decisiones o eventualmente dice que está aprendiendo en el camino, no hay un criterio jurídico para vacarlo o acusarlo por infracción de la Constitución".  

Asimismo, Alvites precisa que "la vacancia generalmente por causales objetivas como la muerte del Presidente según el artículo 113 de la Constitución, la incapacidad moral o física permanente declarada por el Congreso, ese es el inciso 2 del Art. 133 y también está la renuncia, que la voluntad está en el Presidente y no de la ciudadanía". "Si por incapacidad moral entendemos que se trata de sacar al Presidente en manera de sanción tenemos que estar frente a hechos constatados, graves que dañen la Constitución y que impida que quien ocupa la presidencia pueda seguir", añadió.

Cabe recalcar que el artículo 117 de la Constitución señala que "solo puede acusarse al presidente de la República por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso fuera de los supuestos previstos por el art. 134 o por impedir su reunión o funcionamientos, así como el de los órganos como el Jurado Nacional de Elecciones". Lo que es inaplicable en este caso.

Sin embargo, Elena Alvites expresa que "nuestra Constitución puede tener mecanismos restringidos para que la figura del Presidente de la República salga de su cargo, es verdad, porque estamos en un régimen presidencialista en el cual la figura del Presidente es relevante, es elegida por voto popular y esa elección por voto popular le da legitimidad democrática con lo cual el Parlamento tiene mecanismos de control, pero esos mecanismos son restrictos". 

El gobierno aprista, en el periodo 1985 a 1990, fue el peor de nuestra historia a la luz de los indicadores económicos, sociales y políticos que dejó uno de los quinquenios más críticos de nuestra historia. Tampoco se pudieron ocultar los más que evidentes casos de corrupción que estallaban -todos los días durante ese gobierno- a manos del séquito aprista que acompañaba a García. En ese entonces, donde además -por momentos- parecía que la barbarie senderista iba a tomar el país, a nadie se le ocurrió hablar de incapacidad moral para gobernar, ni aplicar el 117 de forma forzada, ni mucho menos cambiar las reglas constitucionales para buscar una destitución. La democracia se practica aunque duela, y si Castillo duele, fue una decisión de las mayorías.

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