¿Por qué morir dignamente es un derecho complejo de obtener?

Derechos Humanos 17 de enero de 2022
En Latinoamérica, el único país que ha avanzado en derechos a la muerte digna es Colombia. ¿Cuál es la base legal que rige en el Perú y que sostiene -jurídicamente- la oposición a elegir tener una muerte digna? Compartimos algunas miradas sobre el tema.

Por: Nicole Pinto 

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En general, los países de América Latina, todavía se rehusan a promover leyes a favor de la llamada muerte digna: Perú es uno de ellos. En este lado del mundo, el único país que avanzó en este derecho es Colombia. La despenalización de la eutanasia en Colombia se dio con la Sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional y puede verse como un resultado de la transformación socio-política, jurídica y cultural que se inició en la década de 1990, luego de la adopción de una nueva Constitución política en 1991.

La Corte basó su decisión en los principios constitucionales de dignidad humana, respeto por la autonomía y solidaridad. Algunos magistrados y diversos sectores de la sociedad se opusieron a la sentencia argumentando, tanto desde posiciones religiosas como no religiosas, la inviolabilidad de la vida, la moral mayoritaria del país y la extralimitación de la Corte Constitucional en su sentencia. Para otros ha sido un triunfo del respeto a los derechos civiles e individuales. En esa dicotomía se mueve un tema tan complejo como este.

El abogado Pedro Chirinos Terrones precisa que en el caso de Colombia, "ante una acción de tutela se ordenó al Ministerio de Salud que reglamente todo lo establecido sobre la eutanasia porque desde 1997 todavía el Estado no había cumplido con reglamentar. Posteriormente, el año pasado, cambió la regulación y permitieron que se aplique la eutanasia ante enfermedades incurables". 

¿Y el Perú?

El Perú no cuenta con una base legal para la eutanasia. El argumento que sustenta la oposición a la eutanasia, tal y como lo explica Chirinos Terrones,  "parte desde la consideración al derecho a la vida" porque "los Estados -como los conocemos ahora- venían de guerras, revoluciones y masacres. Entonces, lo primero que hacen -cuando la sociedad decide armar un pacto que las organice-, lo primero que hacen es ponerle un límite al Estado". Quiere decir que el Estado, y bajo ninguna circunstancia, puede autorizar que la vida humana se extinga.  

"Esta primera concepción en las Constituciones daban pie a que, a nivel de derecho penal, se tipifique la eutanasia como un delito, pero no la llaman eutanasia sino homicidio piadoso. De hecho nuestro Código Penal aún lo contempla", añade Chirinos Terrones.

El Artículo 112 del Código Penal señala: "El que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años".

A contrapié de la jurisprudencia existente, la Corte Superior de Justicia de nuestro país  sentenció, abriendo una vía para que la eutanasia se incorpore como derecho en nuestro ordenamiento jurídico, para "respetar" la decisión de una mujer que padece una enfermedad incurable de poner fin a su vida con asistencia médica. Su nombre es Ana Estrada, y su caso es, en nuestro país, un emblema entre aquellos que defienden la eutanasia. Estrada, psicóloga de 45 años fue diagnosticada a sus 12 años de polimiositis, una enfermedad muscular degenerativa, progresiva e incurable que va debilitando sistemáticamente sus músculos. A la fecha, la enfermedad ha paralizado casi todos los músculos de su cuerpo: “No estoy solicitando que me dejen morir, sino mi derecho a elegir cuándo quiero morir” ha declarado Ana Estrada.

En esta discusión el abogado Pedro Chirinos cree importante señalar que se debe hacer una distinción entre la eutanasia y el suicidio porque así "lo quisieron hacer ver en la audiencia de Ana Estrada". "Aquí no se está hablando de permitir que una persona se suicide, sino que en un caso excepcional como es el padecimiento de una enfermedad que genera dolores intolerables a una persona, solicite a otra que acabe con su vida", aclara Chirinos

Los argumentos que se oponen a la tesis vital que defiende Ana Estrada, su equipo de abogados y algunos sectores progresistas los trae a esta discusión el jurista Carlos Allain. Él indica que "el Código Civil y la Constitución hablan que el derecho a la vida es el derecho fundamental. Es por eso que es tan complicado que se apruebe una norma de eutanasia". 

"Si bien hubo colectivos de la Iglesia que se oponían a la postura de Ana Estrada, nadie sabía lo que ella estaba sufriendo y cómo la eutanasia podía quitarle este sufrimiento eterno". Ella decía que "yo tengo el derecho de poder disponer de mi vida, de no seguir sufriendo, pero vivíamos en un contexto en donde teníamos tasas de fallecimientos que no se habían dado ni en los peores desastres de nuestra vida independiente", expresa Allain, para explicar lo complejo del momento en el que la discusión arribó a tribunales y al espacio de opinión pública. 

"Yo no creo que sea el Código Penal o Código Civil el que hace al Estado protector de la vida, sino es la propia redacción de la Constitución", expresa Carlos Allain. "Si es el ser humano la fuente soberana del Estado, también podemos encontrar que al ser humano le impedimos que haga cosas que vayan contra su propia naturaleza. Es por eso que cada día más se habla de mayores derechos para al ser humano. Es el Estado tuitivo, protector, el que protege al ser humano para que no haya violaciones a sus propios derechos. En ese sentido, una normativa que permita acabar con la vida humana en un país tan conservador, en el que no tenemos ni siquiera registrado una Unión Civil de personas del mismo sexo, es complicada y sigue generando controversias". Dos miradas de una discusión con múltiples aristas.

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