La comunidad indígena a la que Castañeda Lossio engañó

Memoria 12 de enero de 2022 Por Carlos
Castañeda Lossio falleció hoy, su legado edil deja muchísimas sombras. Una de ellas, haber engañado a una comunidad indígena, socavando el respeto y la confianza en el diálogo entablado con la Municipalidad que él lideraba. En LA FACTORÍA hicimos memoria.

Castañeda

El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio falleció hoy, 12 de enero. En el balance que sobre su gestión -al frente del municipio de Lima- se hace, hay más sombras que luces, más corrupción que obras de gran impacto para los limeños. Sin embargo uno de los momentos más cuestionables, en el conjunto de decisiones erráticas que Castañeda tomó, fue el abandono de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo el 2014. 

Este es sin duda la decisión municipal que más perjudicó a una población vulnerable.

Recordemos el caso. La Municipalidad Metropolitana de Lima inició en el 2014 la absurda e innecesaria obra del by-pass de la Av. 28 de Julio en el centro de la ciudad. El gobierno de Lima, con Castañeda al frente, anunció que esta se financiaría con los fondos contenidos en el fideicomiso del proyecto Río Verde. Este proyecto contemplaba varios componentes, pero uno de los más importantes -en términos sociales- era la reubicación de la comunidad Shipibo Konibo de Cantagallo hacia un complejo habitacional ubicado fuera del área de impacto del proyecto vial Línea Amarilla. Era sacar de un terral, al pie de contaminado río Rímac, a una comunidad indígena migrante y permitirle trasladarse a un lugar donde podría vivir con mayor seguridad y bienestar.

En este caso debemos tener en cuenta que la reubicación constituía -además- una reparación por los impactos sufridos durante la construcción del viaducto de Línea Amarilla. Este proyecto había recortado un sector físico del terreno donde se asentaba la comunidad el cual quedaba a la espalda de la misma. 

La gestión municipal, anterior a la de Castañeda, había priorizado la reubicación de la comunidad. Esto se puede comprobar en varios documentos, uno de ellos el Decreto de Alcaldía 016-2014.

La utilización de los fondos de Río Verde para otro proyecto dejó a la comunidad en la total incertidumbre, con ello la posibilidad de su reubicación se desplomaba como algunos puentes de la gestión amarilla. La comunidad protestó y realizó un plantón ante la sede municipal, cuatro dirigentes fueron recibidos por la Teniente Alcaldesa, la hoy fujimorista, Patricia Juárez, y el Gerente de Promoción de la Inversión Privada (GPIP), Jaime Villafuerte. Esa reunión dio como resultado la firma de un acta que establecía una Mesa de Diálogo y que la primera cita sería el 15 de abril de 2015.

La ex regidora de Lima, Marité Bustamante también recuerda lo vivido por la comunidad Shipiba.

Sigamos haciendo memoria. Antes de la reunión, funcionarios municipales declaraban en prensa que Río Verde sería inviable, que el contrato del fideicomiso habría sido modificado para emplear sus fondos en el by-pass, y que se modificaría Río Verde. Llegada la reunión los funcionarios de Lima no presentaron a la comunidad información sobre posibles cambios al fideicomiso que pudieran arrojar luces sobre el respeto a lo pactado, pero se comprometieron a llevar adelante la reubicación. Fue un compromiso sin valor real, los funcionario no supieron explicar cómo se concretaría dicho acuerdo, pero además, luego de la reunión se produjeron comentarios del Gerente Villafuerte que revelaban el cariz de la “mecida” a la comunidad. Fue este funcionario quién dijo que “las políticas públicas se hacen para las mayorías, no para las minorías”. 

El propio Alcalde, Luis Castañeda, había dicho ante el Congreso que la reubicación se realizaría con el programa de vivienda “Techo Propio”, sin embargo los propios funcionarios aclararon que eso habría sido “solo una idea” y que “recién se buscarían las opciones concretas”. 

Finalmente, se firmó un acta de acuerdos, la cual estipulaba, que la Lima entregaría a la comunidad el terreno para mudarse el día 24 de abril. 

Mientras se acercaba la fecha de entrega, un abogado de la municipalidad, Ángel Delgado, reveló a la prensa que la comuna contaría con un nuevo Master Plan de Río Verde y las nuevas priorizaciones correspondientes. Esa parecía ser una buena noticia, pero estaba muy lejos de la realidad. Las idas y venidas continúan, la comunidad sigue sin recibir información certera la cual les es negada permanentemente y el terreno ofrecido nunca se entregó.

Desplante tras desplante, la comunidad expresó su rechazo e indignación, solicitando que Lima subsane la grave falta, que entregue y el terreno. También solicitó una nueva reunión en la que se pidió que asistiera el Alcalde. La propia Defensoría del Pueblo, la que presidía Eduardo Vega, y que desde el 2014 acompañó a la comunidad en su lucha, se pronunció expresando su preocupación por la situación y recomendando que la comuna entregue la información solicitada. Nunca ocurrió.

Así era la gestión de Castañeda, socavó el respeto y la confianza en el diálogo entablado con la Municipalidad y en general, en cualquier espacio de diálogo institucional entre el Estado y comunidades cuyos derechos hayan sido vulnerados. La comunidad sigue allí, sufrieron recientemente un incendio, pero aún viven con la esperanza de saber que, otra gestión municipal, pueda ocuparse de ella.

 

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