El "reporte fiel", la doctrina jurídica que un juez no quiso ver

Política 10 de enero de 2022
El juez, Raúl Jesús Vega condenó a dos años de prisión suspendida al periodista de investigación, Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House en Perú, tras la querella por difamación que interpuso César "Plata como cancha" Acuña quien se sintió ofendido por las verdades aparecidas en el libro "Plata como cancha".

Por: Nicole Pinto 

Periodista-Christopher-Acosta

Esta mañana, el juez Raúl Jesús Vega analizó una por una las 55 frases del libro "Plata como Cancha" que, según el dueño de Alianza para el Progreso, César Acuña, afectan su honor. En un evidente golpe para la libertad de expresión y de prensa, el magistrado condenó a dos años de prisión suspendida al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House.

Jesús consideró que 35 de 55 frases del libro de Christopher Acosta son difamatorias. Además, que se cometieron “hechos lesivos al honor y reputación” de César Acuña. Bajo esta sentencia, el juez niega cerca de 20 años de jurisprudencia uniforme sobre el llamado "reporte fiel" la clave periodística de esta disputa que Vega ni leyó ni entendió.

¿Pero qué significa el "Reporte fiel"?

Según la doctrina y la jurisprudencia el "reporte fiel" no da lugar a responsabilidad, aún en los casos en que la información citada o reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona. Así de claro. Por aplicación de estos estándares, es muy difícil que se sufra consecuencias jurídicas por la publicación de sus informes. Sin esta salvaguarda los periodistas de todo el mundo no podrían citar o referirse a lo dicho por un tercero.

La abogada constitucionalista, Ana Neyra indica que esta doctrina "ha sido identificada por la relatoría de libertad de expresión en las Américas ya hace varios años, figura en reportes del 2003 y se le atribuye a una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH del 2004, que es la sentencia del caso Herrera vs Costa Rica". Además, precisa que "cuando básicamente se reporta información de una fuente determinada, es una reproducción fiel de esta información, entonces no hay lugar a responsabilidad -incluso- cuando esta información pueda no ser correcta o dañar el honor de una persona". 

Y agrega la ex ministra de Justicia: "No es que libere de una exigencia de veracidad, de cotejo de fuentes, de verificar o contrastar información de diferentes orígenes, pero si hay una reproducción fiel no se asume responsabilidad por esa información que  se está reproduciendo". 

Neyra también señala que esta doctrina es "aplicable a todo el sistema interamericano o Estado que es parte del sistema interamericano, que incluye al Perú". Por tanto, "esta doctrina también debería ser considerada por los jueces dentro de Perú como en el caso de hoy que, aparentemente, no se ha seguido y que está estableciendo un precedente poniendo un estándar, pese que se está reportando información de otros de manera fiel, igual se le quiere atribuir responsabilidad a un periodista". 

El reporte fiel

Esta doctrina tiene su origen en el Reino Unido en el caso Curry vs. Walter de 1776, cuando el juez señaló que aunque la materia contenida en el periódico podría ser injuriosa, siendo esta un relato que tuvo lugar en una institución pública, su publicación no fue ilegal. En España también ha sido reconocida el "reporte fiel", y el Tribunal Constitucional Español -al conocer un proceso dirigido contra el director de un diario escrito-, manifestó  “se concreta en el criterio del derecho de un periodista a informar; así como el de sus lectores a recibir información íntegra y veraz, constituye en último término, una garantía institucional de carácter objetiva, cuya efectividad exige en principio excluir la voluntad delictiva de quien se limita a tramitar sin más la información, aunque esta, por su contenido, pueda revestir significado penal”.

El mismo Tribunal en otro caso señaló al respecto que: “al tratarse de un reportaje en el que el medio se ha limitado a transcribir -con fidelidad- unas declaraciones externas a él, no es posible calificarlo de autor de la noticia, de ahí que no sea posible imputarle responsabilidades por la autoría de noticias que no le son atribuibles”.

En Argentina, por ejemplo, a esta doctrina se la conoce como "Campillay".

Esto a raíz de la decisión del actor Campillay de abriles un juicio a los diarios La Razón, Crónica y Diario Popular por acusarlo de haber sido un policía de la dictadura en Mendoza, y en ese tiempo, haber cometido varios delitos. El actor argumentó que las publicaciones lo involucraban -erróneamente-.  Para elaborar la noticia los diarios habían recogido la información de fuentes policiales y de documentos del propio cuerpo de seguridad que, luego se supo, consignaban algunos datos erróneos que los periodista no pudieron determinar como tales, pues hasta el momento no se había producido ninguna aclaración al respecto de los mismos.

La Corte Suprema de Argentina reconoció que las publicaciones se habían limitado a transcribir un comunicado oficial de la Policía el cual, -aún pudiendo ser inexacto- e incluso, cuando el mismo documento y sus posibles imprecisiones llevaran a mostrar al actor en varias situaciones delictivas, haciendo errar a los periodistas, estos  no eran responsables de delito. Es más, todo ello eximió de responsabilidad a los diarios.

Finalmente, la doctrina "Campillay estableció tres causales de eximición de responsabilidad civil de los medios de comunicación por la difusión de noticias -falsas o inexactas- que pudieran afectar el derecho a la intimidad de los particulares. Las causales son: la atribución directa del contenido de la información a la fuente pertinente, la utilización de un tiempo de verbo potencial y la reserva de la identidad de los implicados en el hecho ilícito. 

Los fundamentos de esta doctrina se argumentan en la importancia de la libertad de expresión e información en una sociedad democrática, entendiendo que la democracia requiere que el debate público sea fluido y abierto. La divulgación de información obtenida de terceros no debe estar restringida por la amenaza de responsabilizar, al medio o al periodista, por el solo hecho de darla a conocer, esto conllevaría una restricción que limitaría sensiblemente la divulgación de la información.

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