FP encantada con el ministro de Transportes

Política 15 de noviembre de 2021
En la siguiente nota explicamos como el fujimorismo se mantuvo pasivo y silente respecto a la interpelación del ministro de transportes Juan Silva pese a haber eliminado a la jefa de SUTRAN, negociado la cabeza de la jefa de la ATU y mostrarse receptivo con grupos de transportistas reacios al reordenamiento de la ciudad y al pago de sus multas. La historia viene de muy atrás. Pónganse cómodos.

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Junio de 1991 Alberto Fujimori  dictó medidas para impulsar el libre mercado a través de un paquete de reformas. Era el Decreto Legislativo N° 651, el que regularía a partir de ese momento el transporte público.

La norma permitió a las empresas de transporte fijar tarifas. El Decreto Legislativo buscaba "asegurar la satisfacción de la creciente demanda del servicio", además de "mejorar condiciones de calidad, oportunidad y seguridad". Más de tres décadas después seguimos pagando la factura de tanta torpeza. 

La norma NO IMPONÍA ninguna regla para la conformación de empresas. 

Las antiguas cooperativas y comités, empresas de propiedad social del Estado, eran las propietarias de las unidades vehiculares. Liberado el mercado, se elimina todo. Las cooperativas se convierten en empresas a las que nadie les dijo cómo manejarse.

Por ejemplo no era necesario comprar vehículos para iniciar el negocio. Otros podían ser los propietarios bastaba con que se “afiliaran” a ellos por medio de contratos para comenzar a trabajar. Es tan complicado el asunto que al día de hoy trabajan en Lima 266 empresas “cascarón” o “afiliadoras”. 

El fujimorismo instaló un sistema, lumpen como su propia esencia, donde resulta complicado atribuir responsabilidad cuando ocurren accidentes pues no son dueños de las combis o buses. Y de la viveza, claro, aprendieron todos pues resultó que las empresas firman cláusulas con los dueños de los vehículos para que estos asuman completamente la responsabilidad en caso de accidente.

Importación de vehículos

Pero todo lo anterior no fue suficiente, y es que como hemos visto 30 años después, el fujimorismo siguió trabajando de espaldas a los ciudadanos preocupados en sus propios lobbys. En 1992, el Decreto Ley N° 25789 dio paso a la importación de vehículos usados para el transporte. El mercado de transporte creció, pero el número de muertos, heridos, el nivel de contaminación así la congestión en las pistas creció de forma descomunal a partir del uso de esas auténticas chatarra donde la gente debía viajar como borregos.

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Algo se hizo años después para frenar esto. Recién en el 2009, por los enormes lobby dentro del fujimorato, las municipalidades pudieron emitir ordenanzas para aprobar el retiro de unidades que ya no daban más. También en ese década llegaron las revisiones técnicas como una forma de expectorar del mercado toda la lata inservible a la que el fujimorismo había dado cabida. La corrupción se adueñó de estos procedimientos, las revisiones técnicas son cualquier cosa en término de exigencias para circular.

Nueva Ley General del Transporte

El sistema del transporte público actual en el Perú es regulado por la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre (Ley N° 27181) que se promulgó en 1999. Esta delimitó quiénes son las autoridades competentes para fiscalizar el funcionamiento del servicio: el MTC; los Gobiernos Regionales, las Municipales Provinciales y Municipales Distritales; la Policía Nacional; y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Otras autoridades creadas más recientemente son el Consejo Nacional de Seguridad Vial; el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán); la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Estas dos últimas en la mira de este gobierno y de su ministro de transportes Juan Francisco Silva Villegas quien negoció con sectores de transportista la cabeza de la jefa de la ATU, la funcionaria María Jara; también se encargó de expectorar a la jefa de la Sutrán, Doris Violeta Alzamora Chamorro. 

El comportamiento de la bancada en la misma línea

Hay que recordar que cuando el pleno del Congreso votó por la interpelación al ministro del ramo el fujimorato, siguiendo las directivas de su ADN corrupto, la organización naranja votó por NO interpelar al ministro. Nadie interpela a quien está haciendo las cosas en la medida de sus intereses.

No se puede olvidar que en la campaña electoral del 2021 su lideresa, Keiko Fujimori aseguró que reorganizaría el sector transporte, incluyendo al propio ministerio, así como a la Sutrán y la ATU. Y esto lo dijo -en San Juan de Lurigancho- frente a uno de los gremio que acumula hasta ahora unos índices de seguridad vial y de inseguridad ciudadana, (debido a los delitos que se cometen dentro de sus unidades): son los mototaxistas, estos sí están fuera de todo control.

Finalmente esto son algunos de los congresistas de FP y de otras agrupaciones políticas cuya vinculación con el transporte los coloca en un inaceptable conflicto de intereses:

  • Marcos Pichilingüe de Fuerza Popular, del periodo Parlamentario 2016-2021 figura como accionista de la empresa de transportes Puerto Chico SAC que hasta el año 2015 operó en Lima y Callao. También impulsó permiso a combis
  • Luis Simeón, de Acción Popular, estuvo en el periodo parlamentario 2020-2021 y
  • también presentó otro proyecto de ley a favor de formalizar el servicio de colectivos (minivanes) en transporte interprovincial e interregional.
  • «Expreso Palomino» tiene vínculos con la familia del excongresista fujimorista por Apurímac, Dalmiro Palomino congresista en el período 2016-2021
  • Nelly Cuadros Candía congresista de Fuerza Popular en el período periodo 2016-2019, propuso un PL que pretendía garantizar a los transportistas informales el uso de vehículos hasta con ocho asientos.

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