Ejecutivo autoriza militarizar las calles

Política 02 de noviembre de 2021
Pese a que la historia demuestra que militarizar las calles genera más violencia, el Ejecutivo autorizó su intervención en apoyo a la Policía Nacional con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao. ¿Es que no hemos aprendido nada?

Por: Nicole Pinto 

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A través de una resolución publicada en El Peruano, el Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno. Así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a Lima y Callao, por un plazo de 30 días.

La Resolución Suprema 191-2021-IN también indica que la actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personal, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades.

Sin embargo, si hacemos memoria, la Comisión de la Verdad y Reconciliación encontró que las Fuerzas Armadas, que asumieron la lucha contra la subversión, lo hicieron aplicando una estrategia equivocada que no respetó los derechos humanos de miles de peruanos en todo el país.

Si bien durante la pandemia hubo una importante participación militar, pese a que se supo de algunos casos de prepotencia y maltrato aislados, el desarrollo de acciones concretas de ayuda y atención por el COVID 19 como las varias versiones del "Plan Tayta" fue bien recibido por la población en sectores más vulnerables. Pero, en el caso de la pandemia, la acción era concreta, tenía objetivos y protocolos, así como una estrategia clara de aplicación del plan en desarrollo. Eso NO EXISTE en materia de seguridad ciudadana. La ley que regula su participación en esto último es limitada para las acciones que puede o no desarrollar un militar que custodia las calles.

Con estos antecedentes, ¿hay garantías de que los militares estén en las calles? ¿Están entrenados para ello? 

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que "la resolución es una medida simbólica a las demandas de la ciudadanía, pero que va a tener muy poca o ninguna eficacia". Además, agregó que no existe ninguna garantía para que los militares en calle generen respuestas positivas. "La inseguridad ha crecido, hay demanda ciudadana, pero creo que esa circunstancia no justifica poner a las Fuerzas Armadas en las calles porque eso va a significar dos temas: la exposición a los propios militares a la inseguridad y una afectación probable del ciudadano". 

A su vez, la abogada y criminóloga, Josefina Miró Quesada, menciona que "los militares están entrenados para combatir una guerra cuando la soberanía de una nación está bajo amenaza, no para hacerle frente a la delincuencia convencional". Asimismo, "se cree que es un disuasivo que ahuyentará a los delincuentes, pero la historia demuestra más bien, que los riesgos de involucrarla en esta tarea son mayores, derivando, en muchos casos, en violaciones a derechos humanos, precisamente, de las poblaciones más vulnerables". 

La norma señala que la intervención de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095, que establece Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE. 

Respecto a este tema, se ha generado debate si esta norma es constitucional o inconstitucional. Pedraza indicó que desde su punto de vista es constitucional, pero cuestiona el sentido de la esencia. "No me imagino cómo un soldado o marino intervendrá para evitar un hurto o robo que es típico delito callejero. (...) Si bien la norma tiene un marco legal, creo que en la sustancia resulta un despropósito porque no hay experiencia, no hay formación y en 30 días nada habrá cambiado". 

Sin embargo, Josefina Miró Quesada considera que tiene un vicio de constitucionalidad pues "si bien excepcionalmente el DL 1095 autoriza que las FFAA puedan apoyar a la PNP en situaciones que no son de estado de emergencia, esta medida "no es la regla" y conforme lo ha dicho el TC, la decisión emitida vía resolución suprema debe ser "debidamente motivada". Pero esta no lo está".

En Tribunal Constitucional estableció en el 2008 y 2011 el uso y empleo de las Fuerzas Armadas en materia de orden interno, el cual procede no sólo para combatir la criminalidad sino cuando "peligra la vida, integridad, salud o la seguridad de las personas, de todo o a parte de la población". Miró Quesada Gayoso, precisa que al ser una excepción "la decisión debe estar debidamente motivada y debe restringirse a un espacio temporal y territorial específico".

Para la abogada, la norma es, además, deficiente en la motivación. "La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el respaldo técnico que justifica esta decisión que debe tener un carácter extraordinario y excepcional. Además, de conocer con precisión dónde se va a aplicar, indiscriminadamente en todo el territorio de Lima y Callao, y por qué ese tiempo (de 30 días)". 

Al respecto, la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, emitió un pronunciamiento en donde expresó su preocupación por la nueva norma. "Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de DDHH exigen asegurar que el uso de las FF.AA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional", señalaron vía Twitter. 

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