Cromwell Castillo: "Seguimos buscando el cuerpo de Ernesto"

Memoria 21 de octubre de 2021
Mientras que el Estado peruano insiste en archivar el caso de Ernesto Castillo Páez ante la Corte Interamericana, hoy se recuerdan 31 años desde su desaparición forzada. Habla Carlos Rivera y Cromwell Castillo, padre de Ernesto.

Por: Nicole Pinto 

2bb000b1-da59-41ba-9340-4ce80c644541

El 21 de octubre de 1990, Ernesto Castillo Páez, estudiante de sociología de la PUCP, desapareció a manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú cuando hacía una encuesta en Villa El Salvador acerca de las consecuencias del "Fuji-Shock". Ese mismo día, Sendero Luminoso llevó a cabo una serie de atentados en ese distrito, donde el estudiante fue detenido y subido a un patrullero del Escuadrón de Desactivación de Explosivos. 

El caso de Ernesto y la lucha de su familia por encontrar justicia es uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada ocurridos durante el periodo de violencia entre los años 1980 y 2000 por la forma como se desarrolló; a vista y paciencia de muchas personas y a plena luz del día. En 1992, el 14 Juzgado Penal de Lima, a cargo del magistrado Luis Vargas Valdivia, archivó el primer proceso por la desaparición del estudiante. Por ello, los familiares de la víctima acudieron a instancias internacionales.

Carlos Rivera, abogado que ayudó a elevar el caso a instancias internacionales, cuenta que tomaron la decisión de acudir al sistema interamericano "como consecuencia de que el proceso penal que se había abierto en una Juzgado Penal de Lima contra varios policías fue archivado". Además, "ante el escenario que presentó el golpe de Estado y la intervención al sistema de justicia eso nos terminó de convencer que a nivel interno prácticamente no existía ninguna posibilidad de conseguir justicia".

En 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano que investigue, juzgue y sancione a los responsables y exigió ubicar y entregar los restos del desaparecido. Además, especificó que el Estado había violado los derechos fundamentales de Ernesto Castillo, entre ellos el derecho a la vida, el derecho del libre proceso, entre otros.  

En el 2001, a partir de la sentencia de la Corte IDH, el Poder Judicial se vio obligado a reabrir el caso. Y, el 20 de marzo del 2006, la Sala Penal Nacional emitió una sentencia condenatoria por la comisión del delito de desaparición forzada en calidad de autores directos contra los responsables. La justicia peruana condenó a 16 años de prisión al oficial PNP en retiro, Juan Carlos Mejía León; y a 15 años a los sub-oficiales PNP, Manuel Arotuma Valdivia, Carlos De Paz Briones y Juan Aragón Guibovich. La sentencia fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia el 2008.

Lamentablemente, después de varios intentos de Juan Carlos Mejía León por acceder al beneficio penitenciario de la semi-libertad, el 12 de noviembre, el juez Ángel Ernesto Mendivil Mamani del Segundo Juzgado Penal Nacional lo dejó en libertad condicional sin que este haya colaborado para ubicar los restos de la víctima. 

"Estos pedidos fueron rechazados con los argumentos claros que no les correspondía ningún beneficio ya que ellos habían sido sancionados por un delito que según las leyes no están favorecidos por ningún beneficio penitenciario, pero al a apelar ante los miembros de la sala, estos no tuvieron en cuento la sentencia del juez y les otorgaron el beneficio de semi-libertad", explicó Cromwell Castillo, padre de Ernesto. Juan Carlos Mejía León sólo cumplió 5 años de los 15 que le correspondía. 

Respecto a esta decisión, Rivera comentó que presentaron un recurso de casación de la Corte Suprema para que sea esta misma instancia la que emita una sentencia sobre cuáles son las obligaciones de los jueces cuando existen obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. "Que no sea como que yo soy juez e interpreto de esta forma y mañana se presenta otro caso y yo que soy juez lo interpreto de otra manera. Que haya una suerte de coherencia en la jurisprudencia peruana sobre todo en los jueces que ven derechos humanos", manifestó el abogado. 

Desde la sentencia, la Corte IDH ha monitoreado su cumplimiento irrestricto. Por lo tanto, a pesar de que el Estado peruana ha cumplido con algunas reparaciones, en los años 2009, 2011 y 2013, la Corte IDH recordó que continúa pendiente su obligación de hallar los restos de Castillo. Sin embargo, se continúa sin cumplir con lo ordenado y desde el 2019 hasta la fecha, le ha solicitado el cierre del caso. 

Cromwell Castillo expresó que el Estado sí ha cumplido con las obligaciones de juzgar a los responsables, de hacer efectiva la reparación civil a los familiares, pero no con la más importante: la de buscar y entregar los restos de Ernesto a su familiares. "En estos momentos nosotros estamos exigiendo al Estado que cumpla con esa sentencia y ¿qué es lo que ha respondido el Estado ante la última ordenanza de la Corte Interamericana? el Procurador ha pedido que el Estado ya cumplió con la parte resolutiva de la sentencia... En la práctica lo real es que no hay ningún paso que indique que el Estado está comprometido en un proceso que conduzca en la búsqueda de los restos de Ernesto".

El abogado Carlos Rivera señala que la Corte está debidamente informada de todo lo que se ha hecho en el caso hasta el momento y sabe que hay un asunto pendiente que aún no se cumple, que es la ubicación y la entrega de los restos. 

Te puede interesar

Suscríbete

Deja tu correo y sé parte de la comunidad de persona que recibe periódicamente las novedades de LA FACTORÍA.

Te puede interesar