Reviven iniciativas que atentan contra derechos de los trabajadores

Política 20 de octubre de 2021
A un día de finalizar el mes de setiembre, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, presentó un paquete de cinco proyectos de ley, que promueven una serie de recorte de derechos laborales de los trabajadores del sector formal. Tomen nota.

Por: Alejandra Dinegro 

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Algunos espacios críticos a estas normas no han dudado en calificar este conjunto de iniciativas como un nuevo “paquetazo antilaboral”. ¿De qué se trata? Aquí te lo detallamos. 

*Proyecto de Ley N° 316/2021-CR: Con esta medida se pretendería prorratear las gratificaciones para que sean incluidas como parte del sueldo de los trabajadores, bajo un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Pero siendo sinceros, esta fórmula esconde un mecanismo perverso: un trabajador con un contrato temporal no tiene mayor poder de negociación, lo más probable es que le impongan las cosas. Es un tácito ¿lo tomas o lo dejas? 

*Proyecto de Ley N° 317/2021-CR: Les permitiría a las empresas poder cesar colectiva e individualmente a trabajadores incluso por debajo del 10%. Es decir, avala y promueve al empleador, el despido de trabajadores por presuntos problemas tecnológicos, estructurales o analógicos. Un fuerte impacto para los sindicatos que entablan negociaciones para acordar las condiciones de la terminación de los contratos de trabajo o las medidas que puedan adoptarse para evitar o limitar el cese de personal. 

*Proyecto de Ley N° 318/2021-CR: Esta medida propone de manera ambigua que las empresas cumplan con un requisito formal, pero en la práctica provocaría tener más trabajadores haciendo tiempo extra sin el pago por esas horas extra. Por ejemplo, el caso de los dos jovencitos fallecidos en McDonald’s evidenció que debían cumplir –como máximo– 24 horas semanales; sin embargo, sus familiares indicaron que muchas veces excedían ese tiempo. Y como parte de sus funciones además de atender a los clientes, debían encargarse de otras tareas como la cocina, la caja y limpiar el restaurante. Es la promoción del macabro pago de derecho de piso. 

*Proyecto de Ley N° 320/2021-CR: Pretende fomentar la inserción de jóvenes (18 a 29 años) y adultos mayores (mayores de 55 años) en el mercado laboral, pero los beneficios laborales serían con cargo al Estado y no a la empresa. Esta norma está dirigida a los jóvenes que se incorporen por primera vez al mercado laboral formal, que se encuentren en situación de desempleo por más de seis meses consecutivos y que se encuentren en situación de informalidad laboral. ¡Una dificultad probatoria!

*Proyecto de Ley N° 321/2021-CR: Con esta medida los trabajadores que tengan más de cinco años trabajando, no podrán pasar a contrato por tiempo indeterminado, quedándose con un contrato de plazo fijo y además precisa la pérdida del vínculo laboral del contrato a plazo fijo al fin de este.

Asimismo, la duración de las tareas a cumplir laboralmente, pueden ser temporales o permanentes. Detectar lo permanente de lo temporal es tarea esencial de la fiscalización laboral y aquí vendría el problema. Es decir, si la actividad empresarial es permanente, nada impide que la contratación de un trabajador sea también de tipo indefinido o estable y con ello se estaría promoviendo la entrada de contrataciones temporales que desplacen el contrato de carácter indefinido. Una situación compleja que merma la estabilidad laboral de los trabajadores. 

Como vemos, la agenda laboral del país es polémica. La pobreza aumentó en un 30% durante el 2020, la informalidad pasó de 72.7% a 77.3% y el subempleo alcanzó los 2 millones 169 mil personas. Sumado a ello, nos encontramos en un contexto de pandemia. Entonces, cuando más se requiere impulsar una reforma laboral integral, la presidenta del Congreso opta por revivir iniciativas legislativas que nos recuerda a la Ley Pulpín, la Ley Bartra o Ley Chlimper.

Cabe recalcar que una reforma laboral integral debe respetar las instancias de diálogo tripartito, donde los trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con los empleadores. Además, debería ser iniciativa del Ministerio de Trabajo, pasando por el Consejo Nacional de trabajo que tiene por objeto la concertación de políticas en materia de trabajo y de protección social. 

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