Víctimas de esterilizaciones forzadas continúan buscando justicia

Derechos Humanos 20 de octubre de 2021
Son más de 25 años y aún no hay verdad, justicia ni reparación integral para las víctimas de esterilizaciones forzadas. El juez Rafael Martín Martínez reprogramó la audiencia para el lunes 25 de octubre. ¡Como si no hubiera urgencia!

Por: Nicole Pinto 

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Desde marzo del presente año, el Poder Judicial reanudó las audiencias del caso “Esterilizaciones Forzadas”, en donde el Ministerio Público sustentó los cargos contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco. A la lista también se le suma otros funcionarios del fujimorato como Segundo Aliaga Pinedo, Enrique Marroquín Osorio, Magda Gonzales Carrillo y Ulises Aguilar denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

La tesis fiscal, presentado por Pablo Espinoza, se centró en que Alberto Fujimori impulsó las esterilizaciones como un método sistemático para reducir la pobreza a través de la reducción de la tasa de natalidad en los lugares más pobres del país entre 1995 al 2000. Además, lo acusó de ser el “máximo y principal responsable” por las muertes y lesiones graves causadas a miles de mujeres sometidas a cirugías para controlar su derechos reproductivos sin consentimiento.

Desde entonces, la defensa de los acusados ha pedido suspender y reprogramar las audiencias para dilatar todo lo que se pueda esta caso y se olvide. Pero por ahí, se equivocaron.

El martes 14 de septiembre, el Ministerio Público terminó de sustentar los cargos contra los acusados y el juez Rafael Martín Martínez dio inició a la evaluación para decidir si inicia la investigación judicial y posteriormente el juicio oral. Sin embargo, después de haber transcurrido un mes, todavía no se ha tomado una decisión si se abrirá o no la investigación del caso.

"Como esta es una audiencia continuada, el juez tiene que presentar su análisis, sus conclusiones y finalmente su decisión. Entonces él está haciendo la exposición de su análisis del caso considerando lo que ha dicho la Fiscalía, lo que ha dicho los abogados de los denunciados y los propios denunciados en esta audiencia que pasó", expresó Milton Campos, abogado de DEMUS, organización que defiende a tres de las 2074 víctimas de esterilizaciones forzadas.

Respecto a las audiencias continuadas, Campos detalló que las razones brindadas por el juez para que estas sean cada semana ha sido por la diferente carga procesal que él tiene. Además, "mencionó que en algunos momentos ha tenido que desplazarse fuera de Lima y tiene que atender audiencias de otros casos". 

El periodo que usan los jueces en el país para las audiencias continuadas es cada semana. Sin embargo, hay aspectos que el juez debería considerar. El abogado Milton Campos, explicó que "se trata de un proceso muy complejo, que requiere un mayor tiempo de prioridad para resolver, para ocuparse en el desarrollo de este proceso. Entonces ahí, las víctimas y representantes consideramos que no se está dando la prioridad que debería darse". "Hemos tenido audiencias pasadas que existieron periodos que desarrolló tres días de audiencias para este caso, mañana y tarde. Es decir el juez lo puede hacer, obviamente el no hacerlo es entendido como una demora, aunque tiene sus motivos, no resulta justificada para la expectativa que hay de las víctimas que es conocer la decisión final", agregó. 

El juez Rafael Martín Martínez continuará la audiencia el lunes 25 de octubre. Milton Campos declaró que si es negativo, es decir, si el juez no le da la razón a las víctimas, todas las partes van a apelar la decisión. 

Justicia y reparación para las víctimas

Celia Ramos fue una de las cerca de 300.000 mujeres a quienes se les ligaron las trompas como parte de una política pública de control de natalidad sin consentimiento informado. El 3 de julio de 1997, se acercó a uno de los "festivales de ligaduras" realizados por el gobierno de Alberto Fujimori y fue la última de 15 pacientes programadas para ser operadas ese día.

A Celia Ramos no se le explicó sobre el procedimiento ni se le informó previamente de los métodos anticonceptivos existentes. Muy por el contrario, fue acosada y amedrentada por parte del personal de salud para practicarle la ligadura de trompas. Durante la intervención quirúrgica hubo complicaciones y la posta médica no contaba con implementos necesarios, lo que generó su muerte el 22 de julio de 1997.

Otro de los casos fue el de Mamérita Mestanza Chávez, una mujer indígena peruana de 33 años de edad y madre de siete hijos. El 27 de marzo de 1998, luego de haber recibido aproximadamente diez visitas intimidatorias por parte del personal médico, Mamérita accedió a ser operada. Sin embargo, al igual que a Celia Ramos, no recibió ningún tipo de asistencia médica ni fue informada sobre las consecuencias y los riesgos del procedimiento. Tampoco recibió ningún tipo de atención postoperatoria.

Como resultado de esta operación quirúrgica, el 4 de abril de 1998, Mamérita falleció de una infección que se le agravó por esta falta de atención médica. Según las cifras oficiales, se calcula que más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas bajo el programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

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