El juicio de la vergüenza

Memoria 28 de septiembre de 2021
Un día como hoy se dio inicio al proceso judicial por el caso Uchuraccay. El proceso fue una vergüenza, una escenografía montada solo para responsabilizar a tres comuneros y dejar impune la actuación de los agentes del Estado.

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Ocurrida la matanza de 8 periodistas y un guía en las alturas de Uchuraccay, en enero de 1983, el Estado peruanos quiso castigar severamente a los campesinos que consideró, desde el  comienzo, culpables de los hechos.

La investigación realizada por el Juzgado de Instrucción finalizó en febrero de 1984, un año y un mes después de ocurridos los hechos. El 14 de agosto de 1984, el Ministerio Público formuló la acusación fiscal contra diecisiete campesinos y solicitó como pena mínima 25 años de prisión por homicidio múltiple. 

El juicio oral comenzó con diecisiete campesinos acusados, aunque 14 de ellos estaban ausentes. El proceso judicial se inició con gran expectativa, un día como hoy, 28 de septiembre de 1984, en la Sala de Audiencias de la Corte Superior de Ayacucho. Los tres acusados presentes fueron -desde entonces- el centro de atención de los asistentes y de la prensa. 

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Debido a que los acusados eran quechuahablantes, el juicio se realizó con la asistencia de intérpretes, quienes repetidas veces señalaron la dificultad de traducir al quechua las enrevesadas preguntas formuladas por los miembros de la sala, así como de interpretar literalmente las declaraciones de los acusados.

La carencia de una adecuada comunicación entre los miembros de la sala y los acusados fue una gran dificultad a lo largo del proceso. A ello se añadió la situación de desigualdad y evidente discriminación de que fueron objeto los acusados. En una de las audiencias, el campesino Mariano Ccasani Gonzáles llegó a solicitarle a uno de los vocales “que le haga preguntas como a una persona mortal sin tratarlo de hacerlo confundir”. Momentos después, dicho vocal trató de desacreditarlo, diciéndole que además de evangelista era ignorante

La actitud de Ccasani, aquel día, fue una excepción. Durante todas las audiencias los acusados se mostraron sumamente afectados y sumisos, sobre todo Simeón Auccatoma Quispe, quien irrumpió varias veces en llanto rogando a los magistrados creer en su inocencia y ser justos. Los tres acusados señalaron en diversos momentos del juicio que desconocían las razones de su detención y encarcelamiento, solicitando ser liberados por no haber participado de la masacre. 

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La situación de subordinación de los comuneros estuvo marcada por la discriminación étnica y diferenciación social prevalecientes en Ayacucho y en el país. El juicio oral duró diez meses. Declararon casi un centenar de testigos evidenciando la complejidad de los acontecimientos. 

Asimismo, fue de conocimiento público que el Comando Político Militar de Ayacucho se negó a brindar las facilidades requeridas para el desarrollo del proceso judicial, negando apoyo, recursos e información, aduciendo para ello supuestas razones de seguridad. 

Durante la audiencia del 26 de marzo de 1985, el fiscal Óscar Guerrero solicitó, ante el asombro de los asistentes, nada menos que el retiro de la acusación contra los tres procesados y su puesta inmediata en libertad, así como la reserva del proceso hasta que fuesen habidos los catorce procesados restantes, no se podía probar la participación de los acusados en la masacre. El juez desestimó la petición del fiscal. 

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El 12 de septiembre de 1985, a solicitud de los familiares se transfirió el proceso a Lima. Ya en la capital, el expediente fue elevado al Octavo Tribunal Correccional que en 1986 se convirtió en un Tribunal Especial dedicado solo al caso Uchuraccay. Lo presidía, Luis Serpa Segura. Hay que recordar que este juez,  luego de producido el autogolpe de 1992, y tras la purga judicial dispuesta por la dictadura, aceptó colocarse al frente de la Corte Suprema bajo control fujimorista.

Lo cierto es que se reinicio así el juicio oral del proceso. Los magistrados volvieron a tomar las declaraciones de los familiares y principales testigos de los hechos, pero no pudieron realizar otra diligencia en el escenario de los hechos, restringiéndose a tomar conocimiento de que Uchuraccay se había convertido en una comunidad fantasma, debido a que sus pobladores habían sido asesinados o habían huido hacia otras localidades.  

Finalmente se emitió sentencia en marzo de 1987, cuatro años después de iniciado el proceso. Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe fueron condenados a las penas de diez, ocho y seis años de reclusión, respectivamente. La sala tuvo en cuenta, para no castigar con 25 años el hecho de que se trataba de campesinos semianalfabetos sin antecedentes penales ni judiciales «sometidos a un estado genérico de violencia, y por así decir entre dos fuegos».

La sentencia declaró comprobada la presencia de personal militar y policial en Uchuraccay el día de la masacre. 

Tras la sentencia, los familiares de los periodistas apelaron, solicitando que se determine la responsabilidad de los militares. Dicha revisión fue efectuada por la Corte Suprema y en 1988, aumentó a 15 años la pena de reclusión de los acusados Morales y Ccasani. A Simeón Auccatoma Quispe, no lo pudieron sentenciar, seis meses antes había fallecido a causa de una tuberculosis contraída en el penal de Lurigancho.

El Tribunal quiso probar la culpabilidad de los inculpados suponiendo que al menos dos de ellos, Dionisio Morales Pérez y Simeón Auccatoma Quispe, debieron participar de los hechos en su condición de autoridades de la comunidad. Un hecho totalmente insuficiente como prueba que permitiera desechar la presunción de inocencia. Pese a todo los tres comuneros fueron condenados de todas maneras. 

El Comando Político Militar, por su parte, se encargó de obstaculizar reiteradamente las indagaciones judiciales. Más allá de las fallas de fondo y de forma del proceso, y de la voluntad obstruccionista del Comando Político Militar, el objetivo real del proceso fue descubrir aquella supuesta verdad que la Comisión Vargas Llosa no había revelado: la culpabilidad de los infantes de marina o de los sinchis, quienes habrían actuado cumpliendo órdenes superiores. La posibilidad de que los campesinos pudiesen ser capaces de defenderse violentamente ante una situación de guerra, nunca fue considerada por los jueces. Durante los cinco años del proceso las voces de los comuneros ni siquiera fueron escuchadas. 

(FUENTE: Caretas/ Oiga / CVR)

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