El 28 de septiembre es el día de la "Acción por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe". La situación sobre el derecho a interrumpir un embarazo es distinta en los países de América Latina.

El primer país de la región en despenalizar el aborto fue Uruguay en el 2012. Allí, la ley habilita que se puede acceder al aborto por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestación. Asimismo, se le exige a la gestante que se presente previamente ante una comisión asesora compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y un profesional de la salud mental.

En enero de este año fue turno de Argentina y marcó un hito en la lucha feminista: Alberto Fernández, presidente de ese país, promulgó la Ley 27,610 por el "Aborto legal" en la Casa Rosada. Acto seguido, la normativa entró en vigor. Este texto, aprobado por el Senado el 30 de diciembre del 2020, permite a las  gestantes abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14 en todas las causales. 

Recientemente, la Corte Suprema de México declaró inconstitucional penalizar el aborto. El artículo 196 del Código Penal de Coahuila, imponía de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con su consentimiento". En algunos Estados de México el aborto sigue siendo penalizado; sin embargo, el fallo del tribunal del estado de Coahuila es ahora es un referente regional.

¿Cómo es la situación del aborto en Perú?

En el Perú sólo está contemplado el aborto terapéutico desde 1924, así lo indica el Código Penal; y recién desde el 2014 existe una guía técnica que dicta el protocolo a seguir para aplicar este procedimiento. Sin embargo, son muy pocas las veces que los doctores indican que existe un reglamento para acceder al aborto terapéutico por la llamada "objeción de conciencia".

Para la abogada Brenda Álvarez, "la objeción de conciencia es un derecho individual que puede ejercer algún médico o médica que pueda negarse a realizar un aborto terapéutico, pero esto no puede ser un obstáculo para que la persona acceda a un aborto". Además, añade que "existen alternativas por el cual se debe garantizar el acceso si es que un médico objeta conciencia". 

Hace poco, SuSalud multó con más de S/.50,000 al hospital regional Guillermo Díaz de la Vega en Apurímac. A pesar de que la familia de una menor solicitó la interrupción del embarazo por factores como depresión, desnutrición y temprana edad, el hospital no aplicó el aborto terapéutico porque "la Junta médica tardó en reunirse ya que no se contaba con los especialistas necesarios en ese momento", explicó luego Renán Ramos, director del nosocomio.

Según un estudio realizado por Delicia Ferrando, demógrafa y antropóloga, se estima que en Perú ocurren 371.420 abortos al año. Por ello, su penalización incrementa las muertes de mujeres por recurrir a establecimientos clandestinos y precarios. En el 2020, una mujer de 36 años falleció en un consultorio clandestino. De acuerdo a declaraciones de los agentes de la PNP, no se contaba con licencia de funcionamiento, y quien realizó el aborto era un falso médico. 

Por otro lado, la pandemia y el confinamiento no sólo afectó la economía de los hogares sino también aumentó el embarazo forzado pues expuso a niñas, adolescentes y mujeres a más violencia. Durante la cuarentena, según un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y del Fondo de Población de Naciones Unidas, el país registró un incremento de embarazos por violación sexual en niñas menores de 10 años y no se les permitió aplicar el aborto terapéutico. 

Álvarez señala que "hay distintas razones por las que no se garantiza el acceso a un aborto terapéutico para las niñas y adolescentes que resultan embarazadas producto de una violación sexual". Entre ellas, está que "la guía no ofrece un estándar adecuado para la atención diligente de los abortos para niñas y adolescentes y llegan hasta la presencia arraigada de estereotipos de género en el personal de salud". La abogada agregó "Que existan tantas niñas embarazadas producto de violaciones sexuales, niñas y adolescentes que están asumiendo maternidades forzadas es una responsabilidad que recae en el Ministerio de Salud por la inacción que tiene en este tema". 

Si bien la despenalización del aborto en todas las causales está floreciendo en algunos países, en el nuestro el aborto terapéutico sigue siendo precario. ¿A cuántas más mujeres y niñas el Estado les seguirá dando la espalda? ¿Cuántas más tendrán que seguir muriendo en consultorios clandestinos? ¿Cuántas más maternidades forzadas? La situación es dolorosa.